SECCIONES

XXIX Congreso Argentino de Derecho Internacional

XXIX  CONGRESO AADI - 2017

SECCIÓN DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

DIRECTORA: LAURA ARACELI AGUZIN

SECRETARIO: SEBASTIAN REY

TEMA:

MIGRACIONES Y DERECHOS HUMANOS

RELATORES:

PABLO CERIANI CERNADAS - LUIS ERNESTO CAMPOS – VERONICA JARAMILLO FONNEGRA

GUIA DE EJES TEMÁTICOS QUE CONTENDRÁ EL RELATO

1) Introducción:

1.1 Políticas migratorias y derechos humanos. Desafíos actuales. La reacción del DIDH

1.2 Derechos de migrantes en los tratados internacionales de derechos humanos

2) El sistema universal

2.1 La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. El Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios.

2.2 Otros tratados y sus Comités

2.3 La Relatoría de Naciones Unidas sobre Migrantes

2.4 La Organización Internacional del Trabajo

2.5 La Organización Internacional para las Migraciones(su nuevo rol)

3) El sistema interamericano

3.1 Pronunciamientos e intervención de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos de las personas migrantes

3.2 Relatoría Interamericana sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias.

4) Derechos de migrantes, DIDH y el tratamiento de las migraciones en Argentina: marco normativo, desafíos actuales

4.1 De la ley Videla al enfoque de DDHH

4.2 Reformas normativas y perspectiva de derechos humanos en la legislación migratoria actual

5) Conclusiones



CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

www.corteidh.or.cr

 

 

COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

www.oas.org/es/cidh

 

 

ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

http://www.ohchr.org

 

 

AcceDER

www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/buscador/search

 

 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

www.iidh.ed.cr

XXIX CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL


 DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO INTERNACIONAL 


SECCIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS


 Lugar: Ciudad de Mendoza, República Argentina 


Sede: Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Cuyo 


Fecha: 7, 8 y 9 de septiembre de 2017 


Relato: "Migraciones y Derechos Humanos" 


Relatores: Luis Ernesto Campos - Pablo Ceriani Cernadas - Verónica Jaramillo Fonnegra* 


"MIGRACIONES Y DERECHOS HUMANOS" 


1. Introducción 


La relación entre migraciones y derechos humanos presenta en la actualidad numerosos y serios desafíos, tanto en el plano internacional como en torno a las políticas migratorias que se llevan adelante en nuestro país. En un contexto en el cual la movilidad internacional de personas ha alcanzado niveles inéditos, los Estados, invocando el ejercicio de su poder soberano, han desarrollado múltiples mecanismos dirigidos a regularla o restringirla. Lo paradójico es que, mientras que los Estados Nacionales e incluso el derecho escrito son fenómenos relativamente novedosos en la historia de la humanidad, las migraciones han caracterizado a la humanidad desde los albores de su existencia, ante la necesidad de buscar mejores condiciones de vida, escapar de conflictos armados, persecuciones, etc. De todas maneras, algunos de los datos constitutivos de la etapa actual son, por un lado, que la migración se está configurando paulatinamente como un fenómeno global, presente en prácticamente todas las sociedades, culturas y países. Asimismo, tanto en el aspecto cuantitativo como en sus modalidades y características, las migraciones constituyen un fenómeno estructural, ligado inextricablemente a una serie de factores de la economía y la política global. Las causas y formas del desplazamiento forzado en el presente no puede comprenderse adecuadamente sin colocar en el centro un sinnúmero de elementos vinculados a las asimetrías entre y dentro de los países y regiones, es decir, a la desigualdad que conlleva que un importante porcentaje de la población mundial no pueda vivir dignamente, en paz y/o en libertad. Otra de las características principales de las migraciones contemporáneas tiene que ver, precisamente, con las contradicciones que caracterizan el accionar de la mayoría de los países al respecto cuando se trata desde un prisma de derechos humanos. El problema consiste en  


* Integrantes del Programa de Migración y Asilo del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús. 


que, por un lado, desde mediados del siglo pasado los Estados han ido desarrollando un importante catálogo de normas, estructuras y otros instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH). Este sistema tiene como piedras basales, tal como veremos, el reconocimiento de derechos a toda persona sin ninguna clase de discriminación. Sin embargo, por el otro lado, las políticas migratorias mayoritarias a nivel global están plagadas de excepciones a esa regla general del DIDH. En consecuencia, parecería que la nacionalidad de la persona, o el estatus de su residencia, habrían pasado a ser requisitos para la titularidad o el ejercicio de derechos. Esta tensión entre reconocimiento internacional de los derechos humanos y en particular de los derechos de las personas migrantes y la persistencia –o extensión- de políticas y prácticas estatales violatorias de dichos compromisos, o incluso de construcciones teóricas en tal sentido, constituye un desafío que requiere ser abordado con mayor profundidad. ¿Cuáles son los derechos que los Estados le han reconocido a las personas migrantes? ¿Cómo se vincula el reconocimiento genérico y extendido de los derechos humanos a nivel internacional con la situación particular de aquellas personas que no residen en un país del que son nacionales? ¿Qué relaciones existen entre dicho reconocimiento internacional de los derechos de las personas migrantes y las prácticas que los distintos Estados promueven a partir del diseño e implementación de sus políticas migratorias? La respuesta a estos interrogantes excede el marco de este trabajo. Sin embargo, nos interesa aquí poner el foco en el alcance y extensión con que el derecho internacional de los derechos humanos ha abordado la situación de las personas migrantes, tanto en el sistema universal como en el ámbito interamericano. En particular, nos detendremos, por un lado, en el aspecto normativo, y por el otro, en los estándares que han sido desarrollados en las últimas décadas por parte de los organismos encargados de interpretar los tratados internacionales de derechos humanos, referidos específicamente a los derechos de personas en el contexto de la movilidad humana. Como veremos a continuación, no es poco lo que se ha avanzado en la materia y existen numerosas agencias e instrumentos a nivel internacional que se abocan a promover el pleno respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. Previo a ello, a modo introductorio, realizaremos una breve descripción acerca de la situación global de las migraciones y como ella importa desafíos significativos para la relación entre políticas migratorias y derechos humanos. Posteriormente, la parte sustancial de este trabajo está dedicada al reconocimiento de los derechos de las personas migrantes en el Derecho Internacional de Derechos Humanos (DIDH). Luego de un breve análisis, nos detendremos en la Convención de la ONU sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. También se incluye un apartado sobre la normativa en esta materia en el marco de la Organización International del Trabajo (OIT), así como otro al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A continuación, dedicaremos una breve sección al tratamiento de los derechos de las personas migrantes en un espacio subregional (MERCOSUR). Finalmente, realizaremos algunas 3 referencias sobre los derechos de las personas migrantes en Argentina. Allí, junto a una sucinta descripción de la legislación y la política migratoria, comentaremos algunos pronunciamientos de órganos del DIDH sobre la situación en el país, destacando los avances, retrocesos y/o desafíos existentes. 


2. Políticas migratorias y derechos humanos. El contexto global y los desafíos actuales 


De acuerdo a Naciones Unidas actualmente existen 244 millones de migrantes a nivel global, lo que representa un 3,3% de la población mundial1 . Si bien los principales flujos migratorios continúan siendo sur–norte, en las últimas décadas este proceso se ha morigerado significativamente y la migración entre los países del sur ha crecido en forma muy importante, llegando a ser los más números en ciertos casos. Las principales regiones de destino son en la actualidad Europa y Asia, mientras que el origen de las migraciones sigue estando mayormente ubicado en África y Asia. 


América Latina y el Caribe es considerada como una región desde la que migran personas a diferentes lugares del mundo, mayormente hacia Norte América. Mientras que se estima, según la CEPAL, que alrededor de 28,5 millones de personas latinoamericanas y caribeñas han migrado a otras regiones, hay aproximadamente 7,6 millones de personas que han migrado dentro de la región (CEPAL y OIT, 2017). 


Asimismo, en los últimos tiempos se ha hecho más compleja y cambiante la tradicional clasificación entre países de origen y destino. Por el contrario, en forma creciente existen países y regiones que simultáneamente son de origen, tránsito, destino y/o retorno de las migraciones. Numerosos países han cambiado de condición en las últimas dos décadas, incluso en la región, como lo atestiguan casos como los de Chile y Panamá (hoy países receptor) o México (de país de origen a país que tiene todas las facetas). Estos cambios impactan decisivamente en el diseño de las políticas migratorias y en los mecanismos para hacer efectivo el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes, o al contrario, en el diseño de dispositivos que afectan negativamente los derechos de las personas que migran. En otras palabras, ya no solo se trata de garantizar un grupo de derechos en los países de destino y otro grupo en los países de origen, sino que las políticas migratorias deben comprender una multiplicidad de situaciones y desafíos vinculados con todas las etapas de las migraciones. 


A la par de esta creciente complejidad en los procesos migratorios, en los últimos años a nivel global se han vuelto a imponer las miradas regresivas, tanto en el plano discursivo como del diseño y la implementación de políticas a nivel nacional, regional o global, que ponen como principal objetivo el control de fronteras y la seguridad pública. Por cierto que esta orientación no es nueva, pero sí lo es la virulencia con la que ciertos discursos que asocian a las migraciones (y a los migrantes) con el incremento de la inseguridad y problemas tales como el 


1 Centro de Información de las Naciones Unidas (2016). http://www.cinu.mx/noticias/mundial/onucifra-en-244-millones-los-/ 


narcotráfico y el terrorismo se han instalado en la agenda pública y política de numerosos países. Es en este contexto donde un paradigma que hace eje en la “seguridad” vuelve a instalarse como predominante, desplazando a la perspectiva de derechos que ha estado por detrás no solo de las normas internacionales que reconocen los derechos de las personas migrantes, sino también de legislaciones nacionales que constituyeron pasos adelante muy significativos. 


En estos casos, así como cuando se invocan cuestiones identitarias, económicas o del mercado de trabajo como fundamento para restringir las migraciones o los derechos de las personas migrantes, un elemento que suele estar ausente es la información cuantitativa y cualitativa que acreditaría tales perjuicios. De ahí que las personas migrantes se han convertido progresivamente en chivos expiatorios por excelencia, siendo identificadas como las responsables de diferentes problemas que enfrentan las sociedades –generalmente, como consecuencia de las políticas públicas que se implementan, o no, por sus respectivos gobiernos, así como por otros factores regionales y globales-. 


En este contexto, un aspecto que ha estado ausente en los debates en torno a las migraciones (y en consecuencia a los derechos de las personas migrantes) es el análisis de sus causas estructurales. Nuevamente, se trata de un tema que excede el marco de este trabajo, pero que sin dudas debe ser considerado como parte de los desafíos a abordar en el análisis de la relación entre migraciones y derechos humanos. En otras palabras, será difícil impulsar políticas que promuevan la plena vigencia de los derechos humanos en contextos de constantes incrementos de las desigualdades a nivel global, de la falta de oportunidades laborales y la imposibilidad de acceso a los derechos sociales en los países de origen, o de la persistencia de conflictos armados, en muchos de los cuales tienen una activa participación los gobiernos de los países que luego devienen en principales destinos de los flujos migratorios. A ello habría que agregar el factor de atracción estructural de las economías informales crecientes en países tradicionalmente receptores de migrantes –por ejemplo, Estados Unidos y diversos países europeos-. Por otra parte, resulta paradigmático el contraste entre el esfuerzo que los Estados han puesto en remover las barreras para la movilidad del capital a nivel internacional y los limitados avances (sino retrocesos) que se registran en materia de movilidad de las personas. 


En efecto, gran parte de los debates actuales han estado guiados por el crecimiento de la retórica anti-inmigrante, en gran medida pero no solo en los países centrales, y en el fortalecimiento de los instrumentos de control de las fronteras. En este sentido, dentro de los ejemplos paradigmáticos más recientes se encuentran el fortalecimiento del muro que separa a EEUU de México y el endurecimiento de las medidas anti inmigración en la Unión Europea y en otras regiones. Desde ya que resulta imposible, en un trabajo de estas características, realizar una descripción exhaustiva de las migraciones en la actualidad. Sin embargo, una breve enumeración de algunos de los principales desafíos por región y/o corredor migratorio permite dar cuenta de que se trata de una cuestión que está lejos de circunscribirse a determinados países y aspectos puntuales.  


Uno de los principales corredores migratorios continúa siendo el que separa México y América Central de los Estados Unidos. Allí se verifican numerosas violaciones a los derechos humanos, tanto en los países de origen como de tránsito y destino. Particularmente grave es la situación de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, que llegan a experimentar la privación de la libertad y la deportación en el contexto de la migración. 


La existencia de centros de detención en México y EEUU, la utilización de la violencia física contra los migrantes, las violaciones sexuales y otras formas de violencia contra miles de mujeres migrantes cada año, la negación a derechos sociales básicos debido a la falta de un permiso de residencia, así como el endurecimiento de las normas que facilitarían la regularización migratoria en EEUU de personas y familias que viven y trabajan allí hace muchos años, constituyen tan solo algunos de los principales desafíos en esta región. 


La migración con destino a los países de la Unión Europea también ha estado en el centro de los debates públicos en los últimos años, principalmente como consecuencia de la visibilidad que adquirió la muerte o desaparición de un número de personas mayor cada año a lo largo de esta década en las aguas del Mar Mediterráneo. Sin embargo, dicha imagen está lejos de agotar los principales desafíos y violaciones a los derechos humanos que experimentan los y las migrantes, solicitantes de asilo y refugiados en esa región. 


La llamada crisis de refugiados en Europa –que, mejor dicho, es una crisis de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas en origen, tránsito y destino- ha evidenciado una débil voluntad política por parte de los países del norte a cumplir sus compromisos humanitarios y de protección de derechos humanos, así como de abordar las causas estructurales que están detrás de los desplazamientos desde África y Medio Oriente hacia Europa. Así, el crecimiento de la retórica anti inmigración se plasmó en la construcción de muros internos, en la implementación de una política unilateral basada en un enfoque muy limitado a un fenómeno multidimensional, o el incremento de las medidas de control y seguridad en los países de origen a partir de convenios bilaterales que forman parte de la llamada extraterritorialización de las fronteras (el convenio UE–Turquía constituye el ejemplo paradigmático de ello). 


En este contexto, estas respuestas han estado acompañadas de la construcción y uso de una narrativa equívoca y desfasada a partir de una supuesta diferencia tajante entre “migrantes económicos” y “refugiados” (Ceriani Cernadas, 2016). Sin embargo, lo incontrastable es que el DIDH y el Derecho Internacional de Refugiados no son las que están guiando las respuestas políticas, normativas y prácticas de la región. 


Por otra parte, una de las regiones que ha presentado mayor atención en el período reciente ha sido el Golfo Pérsico, que ha atraído a una gran cantidad de migrantes al calor de los desarrollos de la industria petrolera y los emprendimientos inmobiliarios, y de la falta de fuerza de trabajo a nivel local. En este caso gran parte de la atención global sobre las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en los países de la región ha estado 6 relacionada con la organización por parte de Qatar de la Copa Mundial de Fútbol 2022 y la vigencia de un sistema de contratación que sujeta al trabajador migrante a la voluntad de su patrocinador local2 .


Los debates en torno a las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes también se han instalado en otros países tradicionalmente de destino de los flujos migratorios en África y en Oceanía. En el primer caso, puede citarse el caso de Sudáfrica, donde en los últimos años se han producido brotes de discriminación y xenofobia que incluyeron ataques a migrantes y recientemente la aprobación de un mecanismo para reforzar los controles fronterizos. Por su parte, Australia ha “tercerizado” sus responsabilidades jurídicas a través de tratados bilaterales que consistieron en la creación de centros de detención en Papúa Nueva Guinea y en Nauru –a cambio de dinero por parte de Australia-, donde son trasladados los migrantes y solicitantes de asilo que son detenidos en el mar intentando llegar a dicho país, previo a su deportación. 


Más recientemente, el conflicto armado en Siria y el desplazamiento de personas, en su gran mayoría hacia los países vecinos (Turquía, Líbano) pero también con destino hacia los países de la Unión Europea ha vuelto a mostrar las insuficiencias de la distinción refugiados políticos y migrantes económicos. Lo mismo podría decirse de gran parte de la migración originada en países del África Subsahariana o de América Central. ¿En qué momento se diferencian la migración originada por un conflicto armado de aquella que responde a una situación de violencia o pobreza generalizada que pone en riesgo la vigencia de la totalidad de los derechos humanos en los países de origen?


Finalmente, es posible señalar que en los últimos años América del Sur era una de las regiones donde se habían registrado más avances en términos de generar políticas migratorias respetuosas de los derechos humanos. A las reformas legislativas impulsadas por Argentina (2003), Uruguay (2008), Bolivia (2013) y Perú (2017) se le sumaron debates abiertos en Brasil y Paraguay 3 . En este caso, se trata de una región donde no ha habido cambios significativos en cuanto a la magnitud de los flujos migratorios y que, pese a todo, actualmente se debate frente al resurgimiento de voces que vuelven a asociar a las migraciones (y por ende a los migrantes) con cuestiones como el narcotráfico y el terrorismo, impulsando un reforzamiento de los controles fronterizos como principal respuesta a los desafíos que plantea la movilidad de las personas a nivel internacional. 


2 Este sistema, denominado “kafala”, fue modificado por Qatar a fines de 2016 como consecuencia de la presión internacional. Sin embargo, todavía no está claro que las nuevas regulaciones eliminen los principales aspectos de un tipo de contratación que ha sido asimilada al trabajo forzoso. Por otra parte, se trata de un sistema muy extendido en los países de la región, que afecta principalmente a trabajadores y trabajadoras migrantes provenientes de países africanos, Pakistán e India, que se desempeñan principalmente en el sector de la construcción y los servicios. 


3 En Brasil el Congreso aprobó una nueva ley de migraciones en 2017, aunque fueron vetadas algunas disposiciones por el Poder Ejecutivo. Actualmente, en Paraguay el Congreso está debatiendo un proyecto de ley inspirado en el paradigma de derechos. 


Como veremos a continuación, el incremento de estas medidas de control y de seguridad impone serios desafíos al derecho internacional de los derechos humanos. En particular, cabe señalar que la velocidad de reacción frente a estos nuevos desafíos corre el riesgo de ser extremadamente lenta, mientras que las políticas migratorias que consolidan las violaciones a los derechos humanos avanzan en forma sistemática. He aquí un punto sobre el que necesariamente debe focalizarse la atención a fin de que aquellos derechos reconocidos a nivel internacional tengan algún grado de impacto significativo en la situación de las personas a quienes van destinados. Por otra parte, y a modo de cierre de esta breve introducción contextual, cabe volver a señalar que las medidas de control difícilmente vayan a ser eficaces dentro de su propia lógica. En otras palabras, lo único que lograrán es incrementar los costos de la migración y las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, pero en ningún caso impondrán un freno a la creciente movilidad de personas a nivel global. 


3. Los derechos de las personas migrantes en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 


El reconocimiento de derechos humanos a las personas migrantes constituye un capítulo más del derecho internacional de los derechos humanos. Como veremos a continuación, no solo existen tratados que específicamente abordan la situación de los migrantes, sino que el conjunto de los tratados de derechos humanos contienen disposiciones que, ya sea en forma expresa o genérica, resultan de aplicación para tutelar estos derechos. 


Ahora bien, ¿cuál es la necesidad de un tratamiento específico de los derechos humanos de las personas en el contexto de la migración? Al hacernos esta pregunta nos estamos interrogando sobre las especificidades que son requeridas para garantizar derechos que ya se encuentran enumerados, de manera más genérica, en las distintas normas que componen el DIDH. En este sentido, podríamos formular el interrogante desde la perspectiva contraria: ¿Cuáles son las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes más recurrentes? Aquí nos encontraremos con cuestiones tales como el derecho a la vida, a la salud, la educación, el trabajo, el acceso a la justicia, a la vida familiar, a la no discriminación, entre otros. Sin embargo, la afectación de estos derechos en el caso de las personas migrantes posee ciertas especificidades que justifican un tratamiento particular. 


El desarrollo del DIDH desde mediados del siglo XX presenta desde sus inicios una característica que resulta de suma importancia para la cuestión de los derechos de las personas migrantes: la centralidad del concepto de persona como único y suficiente para el reconocimiento de la titularidad de todos los derechos humanos. Respondiendo en cierta medida al planteo que hiciera Hannah Arendt luego de la Segunda Guerra Mundial, los derechos no sería reconocidos solamente a quienes tuvieran determinado estatus jurídico basado en la nacionalidad, sino a todos los seres humanos (Arendt, 2006). Asimismo, el principio de no discriminación, principio medular que permea todos y cada uno de los derechos reconocidos en el DIDH, viene a reforzar el reconocimiento de esos derechos a las 8 personas sin perjuicio de su lugar de nacimiento, nacionalidad, condición migratoria o cualquier otra, sobre la base de la igualdad. 


De estas características cardinales se deriva un corolario trascendental para cualquier análisis, reflexión y debate jurídico –también, político- en torno a las migraciones: todos los tratados y otros instrumentos del DIDH incluyen a las personas migrantes, así como a cualquier otra persona. En un contexto plagado de desafíos en esta materia, no resulta superfluo recordar estos elementos básicos de la normativa internacional de derechoso humanos. Por lo tanto, los Derechos Humanos de las personas migrantes podemos encontrarlos de manera implícita, como sucede con otros colectivos específicos, en los diferentes artículos de diversos instrumentos internacionales, tanto en el Sistema Universal como en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. 


Partiendo entonces de la comprobación que los tratados del DIDH son aplicables plenamente a las personas en el contexto de la movilidad, luego nos encontramos con unas pocas disposiciones que aluden de manera más o menos directa a las personas migrantes. Mientras que algunas de ellas están dirigidas al reconocimiento de ciertos derechos, otras admiten ciertas restricciones sobre la base de la nacionalidad o condición migratoria. En el primer caso se encuentra el derecho humano al asilo, y en el segundo, el derecho a circular libremente dentro de un territorio, los derechos políticos y la regulación de la expulsión del territorio de un Estado de personas que no son nacionales del mismo. 


Es oportuno señalar que el derecho a migrar como Derecho Humano específicamente no está tipificado en ningún tratado internacional en la actualidad. Asimismo, como veremos, sí existe una convención especializada enunciada como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. Esta Convención fue adoptada en el año 1990 y permitió adaptar los derechos consagrados en tratados anteriores al contexto de la migración, y en muy pocos casos, incluir algunos derechos dirigidos particularmente a la población migrante y otras personas extranjeras, como es la protección consular. 


3.1 Los derechos de las personas migrantes en el Sistema Universal de los Derechos Humanos 


En el ámbito de Naciones Unidas, como adelantamos, Declaración Universal de Derechos Humanos da cuenta de la primera clave en la que deben estudiarse los derechos de la población migrante: la de la igualdad (art. 1 y 2). 


En términos de disposiciones referidas a personas en el contexto de la movilidad, la DUDH reconoce el derecho humano a solicitar y recibir asilo (art. 14). Este derecho, que puede considerarse un antecedente esencial de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo Adicional (1967), ha cobrado en la actualidad una importancia central. Se trata de un derecho esencial para pensar las respuestas que se 9 deberían dar actualmente a millones de personas que deben salir de manera forzada de su país como consecuencia de las vulneraciones de derechos que sufren. Ello, independientemente si las causas encuadran o no en aquellas incluidas en la normativa sobre refugiados. Es precisamente el DIDH el que contiene todo un marco de protección que debería ser asegurado a toda persona que sale de su país en situación de vulnerabilidad, es decir, forzada por la privación de sus derechos fundamentales.4 


El artículo 13 de la DUDH, por su parte, reconoce el derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Además, su inciso segundo considera el derecho de toda persona a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 


Sobre este artículo se ha debatido acerca de si vendría a reconocer o no el derecho humano a migrar. Al respecto, es preciso señalar que si bien reconoce ciertos elementos de movilidad internacional (salir y regresar a un país), su alcance no estaría validando un derecho a ingresar a otro país de manera explícita. Por supuesto, el salir de un país sin poder ingresar a ningún otro tampoco tendría mucho sentido. En cualquier caso, y aún cuando al día de hoy no haya un reconocimiento universal sobre el derecho a migrar, podría señalarse ese artículo como un primer paso, que luego se ve complementado con ciertas limitaciones de los Estados al momento de denegar un ingreso a su territorio, basadas –por ejemplo- en la prohibición de discriminación por determinadas categorías sospechosas, o en la obligación de asegurar las garantías de debido proceso. 


Otro aspecto relevante a señalar con relación a ese artículo está en los crecientes obstáculos que se han impuesto al “derecho a salir del país”. Este derecho, cuyo origen está en el contexto de la guerra fría y la presión del bloque occidental ante la situación en la ex Unión Soviética, hoy se encuentra seriamente limitado por las restricciones fijadas en las políticas migratorias de numerosos países. La externalización del control migratorio comienza en buena medida con el régimen de visado y en las últimas décadas se ha extendido sustancialmente a partir de controles en rutas migratorias –incluyendo en aguas internacionales o en países de origen y tránsito. Esto lleva a que un importante porcentaje de la población mundial no pueda salir de manera autorizada de su territorio, lo cual también incide en el carácter estructural que ha adquirido la llamada migración irregular. 


Luego de la DUDH, y en especial desde la década de 1960 en adelante, los tratados de derechos humanos reconocen, por un lado, un amplio catálogo de derechos a todas las personas, como por ejemplo la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCyP), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Otros, por su parte, protegen a toda persona contra determinadas violaciones graves a sus derechos, como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradante (CAT) y la 


4 Ver al respecto Ceriani Cernadas (2016).  


Convención contra las Desapariciones Forzadas (CDF). Finalmente, otros convenios refuerzan la protección de derechos a determinado grupo de personas, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre Derechos del Niño (CDN), o la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad (CDPD). 


En el primero de los casos, como ya se señaló, los derechos allí garantizados contemplan a todas las personas, incluyendo a personas migrantes sin perjuicio de su nacionalidad o condición migratoria. Por su parte, la totalidad de los artículos de la CERD tiene un estrecho vínculo con la situación de las personas migrantes. Veremos luego cómo el Comité CERD se ha pronunciado reiteradamente sobre la discriminación y la xenofobia de la que son víctimas las personas migrantes y refugiadas. 


Con relación al PIDCyP, es importante mencionar tres artículos que contemplarían ciertas restricciones a derechos de personas migrantes. El primero (art. 25), referido a derechos políticos, es el único que, en lugar de personas, alude a “ciudadanos”. Por limitaciones de extensión de este trabajo no podemos extendernos en este tema, pero cabe señalar que precisamente por la relevancia de las migraciones en la actualidad, existe un debate cada vez más extendido sobre los problemas de asociar ciudadanía con nacionalidad, en particular cuando la ciudadanía (y determinada asignación de derechos asociada a ella) es interpretada de manera restrictiva y excluyente.5 En este sentido, son muchos los países que han ido reconociendo cierto nivel de derechos políticos a las personas migrantes que residen en su territorio, bien a nivel local o incluso en el plano nacional.6 



Los artículos 12.1 y 13 establecen respectivamente que “toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia”, y que “El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley…”. Es decir, estamos ante dos disposiciones que parecen restringir derechos y –en el caso del art. 13– garantías de debido proceso, sobre la base de la condición migratoria. En el primer caso, para limitar la circulación dentro de un territorio. En el segundo, algo que parece más grave y complejo, negando garantías y el mismo principio de legalidad en el marco de medidas de expulsión. 


Resulta apropiado hacer una reflexión sobre esta problemática. El PIDCyP, de 1966, fue redactado hace casi medio siglo, en un contexto radicalmente diferente del actual en materia de irregularidad migratoria –cualitativa y cuantitativamente–, así como en relación con la responsabilidad de los Estados en materia de derechos. El principio de progresividad de los 


5 Al respecto, ver De Lucas (2006). 


6 En el último número de la Revista Antropología y Migración (UBA, nro. 8, 2017) se pueden encontrar diversos artículos referidos a los derechos políticos de migrantes en Argentina y en otros países. Ver http://migrantropologia.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=49 (visto en línea el 7 de agosto de 2017). 


derechos humanos, así como el principio de interpretación dinámica o de efecto útil (es decir, considerando el contexto presente), deberían llevar a un criterio distinto del que sugiere la letra de ese artículo, sin contemplar las alusiones al carácter “legal” de la permanencia. En este sentido, en convenciones posteriores como la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (CTM), esas distinciones no están contempladas al regular esos mismos aspectos. 


Por otra parte, es importante señalar que en el marco de las medidas de control migratorio más allá de las fronteras de un Estado (externalización) se ha renovado un debate en torno a la responsabilidad extra-territorial de los Estados en materia de derechos humanos. En particular, se trata de reafirmar que las obligaciones de derechos humanos se rigen por el concepto de jurisdicción, el cual excede el marco territorial de un Estado, al referirse a la autoridad o control efectivo que ejercen las autoridades de un Estado sobre una persona, sin perjuicio del lugar donde ello ocurre.7 


Las otras convenciones (CAT, CDF) se aplican, evidentemente, a toda persona en el contexto de la movilidad. Con relación a las disposiciones de la CAT, posiblemente los dos temas más directamente vinculados con los derechos de la migración son: a) el principio de no devolución y su aplicación a toda medida de rechazo y devolución en frontera, o expulsión/deportación del territorio, las cuales podrían derivar en casos de graves abusos de derechos contra una persona que es regresada a su país o un tercer país. b) los casos de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes en centros de detención de personas migrantes y solicitantes de asilo, los cuales se han extendido dramáticamente en las últimas décadas. La CDF también ha tenido una creciente vinculación con la temática migratoria, a partir de situaciones de desapariciones forzadas de migrantes en ciertos contextos, como el mexicano. 


Finalmente, los tratados referidos a grupos particulares de personas (CEDAW, CDN, CDPD) deben ser leídos e interpretados de manera tal que permita un abordaje integral e intersectorial. Así, las mujeres migrantes, los niños y niñas migrantes o hijos/as de migrantes, y las personas migrantes con discapacidad, se encuentran con diferentes desafíos, abusos y/o reconocimiento de sus derechos. Veremos luego cómo ello se ve evidenciado en la creciente inclusión de estas cuestiones por parte de los Comités que supervisan estas convenciones. 


En materia de normativas internacionales que explícitamente se refieren a la temática migratoria, cabe señalar el antecedente, en 1985, de la Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales del País en que Viven (DDHNPV), promulgada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta Declaración podría considerarse como el primer instrumento internacional que reconoce expresamente derechos a las personas migrantes. La misma comienza por delimitar el contenido de la palabra ―extranjero, legitimando la posibilidad de habilitarlos como sujetos de derechos aún en situación irregular (art. 1). La DDHNPV incluye la cláusula pro personae la cual expresa que  


7 Al respecto, ver Ceriani Cernadas (2009). 


al existir otras disposiciones del derecho interno o internacional más favorables a la Declaración se aplicarán las más beneficiosas para la persona humana (art.2). 


En esta Declaración, antes de establecer derechos básicos de las personas migrantes, se establecen los deberes de los extranjeros respecto a su sometimiento a las leyes y el respeto por las costumbres y tradiciones locales (art. 4). En los artículos siguientes sí se consagran los derechos universales como la vida, la prohibición de injerencias arbitrarias en su vida, la libertad, la libre asociación, la libertad de pensamiento y de religión, el derecho a elegir su cónyuge y a conservar su idioma, cultura y tradición (art.5). Más adelante se incluye una importante cláusula con respecto al derecho de igualdad ante los tribunales y los demás órganos y autoridades que administran la justicia, incluyendo la posibilidad de tener un intérprete en el caso de desconocer el idioma (art. 5.c). Consagra los derechos laborales en igualdad de condiciones, el derecho de las mujeres de tener igual salario por igual trabajo, su derecho a sindicalizarse, a la asistencia médica, a la seguridad social, y a los servicios sociales incluyendo la educación (art.8.a). 


La DDHNPV se establece como pionera en el tema migratorio y, si bien es importante como reconocimiento de derechos, no es un amplio catálogo protector de Derechos Humanos. Es más bien un instrumento algo tímido y donde los derechos de los extranjeros están supeditados a la voluntad de los Estados. Si bien esta declaración fue el primer instrumento específico para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, los demás instrumentos internacionales que hacen parte del Sistema de Derechos Humanos aplican íntegramente para la defensa de los derechos de estas personas. No actúan subsidiariamente sino complementariamente como cualquier carta de derechos humanos. Por tanto, usando los principios del derecho internacional, siempre se aplicará la cláusula pro persone, es decir la norma más favorable para la persona humana para la protección de los derechos. 


Tan solo cinco años más tarde, a comienzos de la década de 1990, el sistema internacional de protección de los derechos humanos consagró el primer instrumento internacional tendiente a reconocer los derechos de los trabajadores y trabajadoras migratorios y sus familias, incluyendo normas que se aplican a todas las personas migrantes, volveremos en detalle a continuación. 3.1.1 La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 


Después de 30 años de debate en el ámbito internacional, en el año 1990 fue aprobada la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW). La entrada en vigor de esta Convención se produjo el 1 13 de julio de 2003 y actualmente ha sido ratificada por 51 Estados, la mayoría de ellos provenientes de África (22 Estados) y de América Latina y el Caribe (18 Estados)8 . 


La Convención constituye el instrumento internacional dedicado exclusivamente a regular los derechos de los trabajadores migrantes y sus familiares. Sin embargo, ello no quita que las disposiciones de los restantes tratados internacionales de derechos humanos sean plenamente aplicables a las personas migrantes. Ello ha sido reconocido expresamente por los órganos de control de los distintos tratados que, como veremos a continuación, aportan previsiones muy importantes en términos del reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes. 

Los antecedentes de este tratado se remontan a 1973, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas envió a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías del Consejo Económico y Social la petición para evaluar una problemática vinculada al trasporte ilegal, la discriminación y explotación de los trabajadores africanos en Europa, cuyo informe el Subcomité aprobó en 1976 (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights the International Convention on Migrant Workers, 2005). 


En 1980 se creó un grupo de trabajo abierto a los Estados para discutir un nuevo Convenio. Los órganos de Naciones Unidas que participaron en el grupo fueron la entonces Comisión de Derechos Humanos, con su comisión de desarrollo social, la OIT, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Dichos órganos fueron encargados de reconstruir los sucesivos períodos de sesiones anuales en la Asamblea General, con el fin de redactar el documento final de la CWM. 


El 18 de diciembre de 1990 finalmente se aprobó, sin ser sometido a votación y a la espera de la ratificación de los Estados miembros. Esta Convención hace énfasis en la relación entre migración y Derechos Humanos, pero no consagra el Derecho Humano a migrar, no crea nuevos derechos, sino que ―busca el trato igualitario y las mismas condiciones laborales para migrantes y nacionales (UNESCO, 2005:1). El preámbulo de la Convención hace las consideraciones pertinentes sobre los trabajadores migrantes indocumentados y su mayor vulnerabilidad. Comienza con el desarrollo de una cláusula de no discriminación, mostrando la aplicación de la Convención a todos los trabajadores migratorios sin distinción de ningún tipo (art.1), para después enunciar las diferentes categorías de trabajadores migratorios (el temporal, fronterizo, marino, itinerante con empleo concreto, por cuenta propia, entre otros) (art. 2). A continuación, la CMW diferencia los trabajadores migrantes de quienes no 


8 Actualmente los Estados que han ratificado la Convención son: Albania, Argelia, Argentina, Azerbaiyán, Bangladesh, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Cabo Verde, Chile, Colombia, Congo, Ecuador, Egipto, El Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Indonesia, Jamaica, Kyrgyzstan, Lesotho, Libia, Madagascar, Mali, Mauritania, México, Marruecos, Mozambique, Nicaragua, Níger, Nigeria, Paraguay, Perú, Filipinas, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, San Vicente y las Grenadinas, Siria, Tayikistán, Timor Oriental, Turquía, Uganda, Uruguay y Venezuela. 


pertenecen a esa categoría, como los pertenecientes al cuerpo diplomático, los inversionistas, los refugiados, los apartidas etc. (art. 3). 


Más adelante, reconoce a los trabajadores documentados y a los indocumentados como diferentes categorías de trabajadores migratorios (art.5). Quedan enunciados así el derecho de no discriminación (art.7) y el derecho de libre circulación; si bien éste se encuentra restringido bajo situaciones que puedan afectar la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública (art.8). Las limitantes incluidas en este sentido evidencian que la libre circulación no constituye un derecho amplio, sino que se encuentra condicionado a lo que los Estados consideren como problemas de seguridad u orden público. 


La Convención incluye el derecho a la vida (art.9); la prohibición de tortura (art. 10), esclavitud, servidumbre o trabajos forzosos (art. 11). Se consagra la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión; estableciendo -al igual que sucedía con el derecho de libre circulación- limitantes de la ley por motivos de seguridad, orden, salud y moral pública, o los derechos y libertades fundamentales de los demás (art. 12). Igualmente, los derechos a la libre opinión y expresión (art. 13) están condicionados a respetar el buen nombre ajeno, a proteger la seguridad nacional, a prevenir la propaganda a favor de la guerra y todo tipo de odio racial o nacional que constituya discriminación de algún tipo. Estos condicionantes podrían afectar los derechos de los trabajadores migrantes, ya que, bajo el argumento de que están infringiendo alguna de estas cuestiones, pueden ver restringidos algunos de sus derechos fundamentales. Se señala también la prohibición de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida de los trabajadores migratorios y sus familias, asegurando el derecho a la protección en caso de que esto suceda (art. 14). 


Se prohíbe privar arbitrariamente de los bienes a las personas migrantes y se establece que, de ocurrir tal situación, debe darse al damnificado una indemnización (art. 15). Se consagra la libertad personal y la seguridad a la que tienen derecho los y las trabajadoras migratorias, con la respectiva protección del Estado, en casos de detención o prisión arbitraria (art. 16). De la misma forma, se establece el derecho de ser tratado humana y dignamente en casos de detención y teniendo consideración a su identidad cultural (art. 17). 


Los trabajadores migrantes y sus familiares tendrán iguales derechos que los nacionales ante los tribunales de justicia; se presumirá su inocencia y se tendrá derecho a ser informado en un idioma que comprenda y a ser asistido gratuitamente por un intérprete (art. 18). Se incluye además el derecho de no ser condenado por hechos no tipificados al momento de ser cometidos (art. 19). La CMW consigna la prohibición de encarcelar a los y las trabajadoras migrantes o a sus familiares por no cumplir con una obligación contractual (art.20). Igualmente, se afirma la prohibición de cancelar su residencia por no cumplir con el contrato de trabajo, a menos que el cumplimiento de esa obligación fuera el requisito para el permiso de residencia. Incluye la prohibición de los funcionarios públicos de confiscar o destruir permisos de entrada, estancia o permanencia en el país (art. 21). 


Queda establecido por la Convención la prohibición de expulsión colectiva; y en caso de producirse una expulsión individual, ésta debe efectuarse mediante procedimientos judiciales, en un idioma que pueda ser comprendido por la persona afectada (art. 22). El trabajador migrante tendrá, en caso de expulsión, la posibilidad de arreglar el pago de las obligaciones contractuales pendientes por su trabajo, las cuales no serán menoscabadas por el proceso de expulsión. El trabajador migratorio podrá exigir ante una expulsión que los gastos de salida del país corran por parte del Estado. Los trabajadores migrantes tendrán derecho a la asistencia consular (art.23) y al reconocimiento de su personalidad jurídica (art. 24). De la misma manera, se reconoce la igualdad de remuneración y de condiciones laborales entre nacionales y extranjeros, al igual que las mismas condiciones de seguridad social (art.25 y 27). 


Los trabajadores migrantes también podrán realizar reuniones, así como afiliarse libremente a sindicatos o conformar cualquier otra asociación (art. 26). Los y las migrantes tienen el derecho de ser tratados en igualdad de condiciones con los nacionales en relación a la atención médica urgente (art.28). Los hijos de los trabajadores migrantes tienen derecho a un nombre y una nacionalidad (art.29), y se debe garantizar el acceso a la educación aún bajo condiciones de irregularidad migratoria (art.30). Con respecto a la identidad cultural, la CMW insta a los Estados a respetarla y ayudarles a mantener los vínculos con su país de origen (art.31); es decir, el compromiso no es vivir en una sociedad con valores únicos sino alentar al multiculturalismo. 


La Convención considera, asimismo, el derecho de los trabajadores migrantes a transferir ingresos y efectos personales a su regreso al país de origen (art. 34). También considera el derecho a la libre circulación por el territorio (art. 39) y el derecho a elegir y ser elegido, es decir, a participar en asuntos públicos (art.41). La CMW hace una diferenciación explícita entre los trabajadores documentados y aquéllos que se encuentran en situación irregular, equiparando a los primeros en muchos sentidos con los nacionales. Tal equiparación se debe observar, por ejemplo, en el acceso a servicios de orientación y formación profesional, el acceso a la vivienda y la inclusión en planes sociales y de salud, el acceso a cooperativas y a la vida cultural (art.43). Incluso gozarán los familiares de los trabajadores migrantes de los mismos derechos que los nacionales, como el acceso a planes y servicios sociales, incluyendo la educación en la lengua materna de los trabajadores migrantes (art. 45), y tampoco deberán pagar impuestos más altos o gravosos que los nacionales (art. 48). 


La Convención consagra, además, la protección a la familia mediante la reunificación familiar (art. 44). La CMW contempla situaciones donde el contrato de trabajo termina antes que el permiso de residencia y, si el segundo no dependiera del primero, se podrá buscar otro trabajo (art.51). Incluye medidas a nivel de los Estados para detectar y evitar los movimientos irregulares de migrantes como difusión de información engañosa (art.67). 


Finalmente, la Convención reconoce la posibilidad del trabajador migrante de no renunciar a sus derechos bajo ningún tipo de presión, sobre sí o sobre sus familiares. Tampoco se podrán revocar mediante contrato los derechos reconocidos en este tratado (art. 82). Igualmente se 16 consagra que, ante la violación de sus derechos, los Estados se comprometen a brindar una reparación efectiva (art. 83). 


3.1.1.1 Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 


El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW por sus siglas en inglés), creado en 2004, es el órgano de expertos independientes que se encarga de supervisar el cumplimiento de la Convención descrita en el apartado anterior. Este Comité está integrado por 14 expertos independientes, que se desempeñarán en su cargo por un periodo de 4 años con posibilidad de reelección. Todos los Estados partes deberán presentar al Comité el primer informe un año después de ratificada la Convención, y a partir de entonces cada 5 años. 


En el Comité los Estados partes presentarán al Secretario General de la Naciones Unidas un examen sobre las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole que hayan adoptado para dar efecto a las disposiciones del instrumento; también se presentarán las dificultades que se perciban en la aplicación del instrumento. A este informe se le debe dar amplia publicidad en cada país (art. 73). 


El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares presentará el informe anual a la Asamblea General de Naciones Unidas, y el Secretario General de la Naciones Unidas transmitirá los informes anuales del Comité a los Estados Partes, al Consejo Económico y Social, a la Comisión de Derechos Humanos9 , al Director General de la OIT y a otras organizaciones pertinentes (art. 74). En el instrumento se prevé la posibilidad de que se denuncien entre Estados por incumplimiento de la Convención (art. 76), así como de enviar comunicaciones individuales. Pero en ambas situaciones los Estados deben someterse a la competencia del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares por medio de una Declaración expresa para que éstas sean válidas (art. 77). 


También podrá el Comité conocer denuncias individuales y publicar Observaciones Generales sobre temas específicos de Derechos Humanos de las personas migrantes. Anualmente el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares realizará un informe que presentará a la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que anunciará sus opiniones y recomendaciones acerca de los informes enviados por los Estados partes. 


9 La Comisión de Derechos Humanos es la antecesora del Consejo de Derechos Humanos. Actuó desde el 16 de febrero de 1946 -presentando sus informes al Consejo Económico y Social- hasta el 27 de marzo de 2006 cuando fue modificada concluyendo su actuar con el 62º período de sesiones. 


3.1.1.2 Las Observaciones Generales emitidas por el Comité 


Al igual que otros órganos de control de los tratados internacionales de derechos humanos, el Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios elabora Observaciones Generales que brindan mayores precisiones sobre el contenido de las disposiciones de la Convención sobre algunos temas particulares. Hasta el momento el Comité ha desarrollado dos Observaciones Generales: la primera de ellas sobre la situación de los trabajadores migrantes que se desempeñan en el sector de trabajo en casas particulares (“migrant domestic workers”)10; la segunda sobre los derechos de los trabajadores migrantes en situación irregular y los de sus familiares11. Asimismo, actualmente el Comité está elaborando una Observación General conjunta con el Comité de Derechos del Niño sobre los derechos humanos de la niñez en el contexto de la migración internacional. 


Estas Observaciones Generales aportan herramientas muy relevantes para considerar respecto de algunos de los temas que transversalmente se encuentran presentes en gran parte de las situaciones de migración internacional. 


En cuanto a la Observación General N°1 (OG N°1), que atiende a la situación de los trabajadores migrantes que se desempeñan en casas particulares, el Comité desarrolla las características de la relación laboral que llevan a las trabajadoras y trabajadores domésticos a vivir situaciones de mayor vulnerabilidad. Exponiendo para ello todas las vicisitudes que el trayecto migratorio pueden conllevar y las que se vivencian posteriormente al interior de los hogares. También llaman la atención a los Estados sobre las lagunas legales que permanecen en las legislaciones para proteger a este tipo de trabajadoras. 


La OG N°1 recomienda a los Estados que todos las trabajadoras domésticas migrantes deben tener acceso a la regularización migratoria, a la seguridad social y a presentar denuncias de violaciones de sus derechos laborales. Del mismo modo, los Estados deben velar por que los niños y niñas migrantes no realicen ningún tipo de trabajo doméstico que pueda ser peligroso o nocivo para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Y considera que se requiere tener especial consideración con las niñas, niños y adolescentes que siendo hijos de trabajadoras domésticas pretendan estudiar, para que su estatuto migratorio no le impida el acceso a la educación. También advierten a los Estados de la necesidad de abordar el tema con una perspectiva de género. Posteriormente, llaman a los consulados y embajadas a participar de la protección de los derechos de sus nacionales empleados como trabajadores domésticos migratorios. 


Por su parte, al analizar los derechos de los trabajadores migrantes en situación irregular y los derechos de los miembros de sus familias, el Comité en su Observación General N°2 (OG N°2)  


10 La Observación General N°2 se puede encontrar en: www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/docs/GC_Domestic_Workers_sp.doc 


11 La Observación General N°2 


ha señalado que los Estados tienen la facultad de regular la entrada y permanencia de personas y que las personas migrantes tienen la obligación de cumplir con las normas y reglamentos del país de acogida. Pero los Estados deben respetar y garantizar los derechos civiles y políticos como: la protección contra la violencia; contra la prisión y la detención arbitraria; la protección contra el trato inhumano y las garantías judiciales en los procesos de expulsión. El Comité advierte de la expresa prohibición contenida en la Convención de realizar expulsiones masivas; o individuales sin un debido proceso judicial. También hace hincapié en principio de no devolución y advierte que la Convención “prohíbe trasladar a personas por la fuerza, de cualquier forma, a países o territorios en los que dichas personas puedan ser víctimas de persecuciones o de abusos o violaciones graves de los derechos humanos” 12 . 


La OG N°2 También dispone que cuando una decisión de expulsión fuese ejecutada y sea posteriormente revocada, la persona migrante podrá reclamar una indemnización conforme a la ley. Por otra parte, establece que, los trabajadores migratorios no deben pagar el costo de los procedimientos judiciales de su expulsión o detención administrativa. Igualmente, los Estados partes deben conceder antes de la expulsión la posibilidad a las y los trabajadores para que puedan reclamar sus salarios y prestaciones, sin importar si su situación es regular o irregular. 


Finalmente, es importante señalar que en la actualidad la Observación General Conjunta entre el CWM y el Comité de Derechos del Niño, sobre los sobre los derechos humanos de la niñez en el contexto de la migración internacional está en pleno proceso de discusión final. En tal sentido, su posible aprobación –prevista para septiembre de 2017- aportará elementos muy importantes para dar cuenta de una situación que en numerosas regiones condensa una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos. 


3.1.2 Los estándares en materia de derechos de personas migrantes desarrollados por otros Comités 


De la mano de la creciente relevancia de las migraciones en la actualidad, así como de la preocupación generada por el trato recibido por las personas migrantes en numerosos países y regiones, los órganos creados por el DIDH se han ido pronunciando de manera cada vez más repetida y profunda en la materia. Aquí, de manera muy sucinta, mencionaremos algunos ejemplos relativos a los estándares que, a través de sus Observaciones Generales,13 los Comités han desarrollado a partir de la interpretación de sus respectivos tratados. 


Al analizar la índole de las obligaciones de los Estados Parte en el PIDESC, su órgano de control, el Comité DESC, señaló que “aunque el Pacto contempla una realización paulatina y tiene en cuenta las restricciones derivadas de la limitación de los recursos con que se cuenta, también  


12 CMW/C/GC/2 párr. 50. 


13 Cabe señalar que es aún más profusa la jurisprudencia desarrollada por estos Comités, en materia de derechos de personas migrantes y refugiadas, a través de las Observaciones y Recomendaciones Finales hechas a los Estados Partes luego de la revisión de los Informes Periódicos que deben presentar. 


impone varias obligaciones con efecto inmediato. De éstas, dos resultan particularmente importantes para comprender la índole exacta de las obligaciones contraídas por los Estados Partes. Una de ellas (…) consiste en que los Estados se "comprometen a garantizar" que los derechos pertinentes se ejercerán "sin discriminación”14 Para el Comité DESC, el principio de no discriminación define la propia “filosofía del Pacto”15 . 


Al aplicar este principio en sus evaluaciones generales y respecto de los Estados parte, el Comité ha destacado reiteradamente que esta obligación incluye la prohibición de discriminar con base en la nacionalidad y la condición migratoria de la persona. De manera explícita, el Comité DESC incluyó a ambos factores –nacionalidad y estatus migratorio– entre los motivos prohibidos de discriminación a la luz del PIDESC. En particular, precisó que “no se debe impedir el acceso a los derechos amparados en el Pacto por razones de nacionalidad, por ejemplo, todos los niños de un Estado, incluidos los indocumentados, tienen derecho a recibir una educación y una alimentación adecuada y una atención sanitaria asequible. Los derechos reconocidos en el Pacto son aplicables a todos, incluidos los no nacionales, como los refugiados, los solicitantes de asilo, los apátridas, los trabajadores migratorios y las víctimas de la trata internacional, independientemente de su condición jurídica y de la “ documentación que posean”16 . 


El Comité DESC también se expresó sobre la relación entre las personas migrantes y algunos derechos reconocidos expresamente en el PIDESC. En su Observación General N°14, referida al derecho a la salud, el Comité señaló que los Estados deben respetar el derecho a la salud, en especial eliminando las trabas en el acceso a la salud para ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. En palabras del Comité 


“los Estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, en particular absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidos, los presos o detenidos, los representantes de las minorías, los solicitantes de asilo o los inmigrantes ilegales [sic], a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos; abstenerse de imponer prácticas discriminatorias como política de Estado; y abstenerse de imponer prácticas discriminatorias en relación con el estado de salud y las necesidades de la mujer” (Observación General N° 14, 2000: parágrafo 34). 


Pese a la definición un tanto securitaria empleada en este documento (“inmigrantes ilegales”)17, que debería ponerse en discusión al interior del Comité, dicha Observación incluye 


14 Comité DESC, Observación General No. 3, cit., párr. 1. 


15 Comité DESC, Observaciones Finales. E/C.12/1995/17, para. 16. 


16 Comité DESC, Observación General Nº 20: La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 2, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), E/C.12/GC/20, del 2 de julio de 2009, párrafo 30. 


17 Esta acepción debería evitarse, tal como ha sido propuesto por numerosos organismos nacionales e internacionales especializados, incluyendo la Asamblea General de la ONU. De la misma manera, la idea de un nivel de salud “tan alto como sea posible”, que deja en la ambigüedad cuál es el nivel mínimo, o cómo definir “lo más alto posible” de “lo más alto necesario u obligatorio”. 


a las personas migrantes en el grupo de quienes merecen especial atención, o que pueden sufrir situaciones de vulnerabilidad que afecten a su salud. 


El Comité también tuvo oportunidad de pronunciarse sobre los derechos particulares de los trabajadores y trabajadoras migrantes, en particular a través de las Observaciones Generales nº 6 y 23. En esta última sostuvo que: 


“los trabajadores migrantes (…), en particular si están indocumentados, están expuestos a la explotación, a largas jornadas de trabajo, salarios injustos y entornos de trabajo peligrosos e insalubres. Dicha vulnerabilidad se ve agravada por prácticas laborales abusivas que confieren al empleador control sobre la situación de residencia del trabajador migrante o que vinculan a los trabajadores migrantes con un empleador específico. Si no hablan el idioma o los idiomas nacionales es posible que tengan un menor conocimiento de sus derechos y que no puedan acceder a los mecanismos de reparación de agravios. Los trabajadores indocumentados a menudo temen represalias por parte de los empleadores y una posible expulsión en caso de que denuncien las condiciones de trabajo. Las leyes y las políticas deberían velar por que los trabajadores migrantes gocen de un trato no menos favorable que el de los trabajadores nacionales en cuanto a remuneración y condiciones de trabajo”. 


Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) de 1979, también reconoce dentro de sus disposiciones las distintas formas de discriminación que sufren las mujeres, dentro de las que está la nacionalidad. El órgano de aplicación de esta Convención es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. El Comité de la CEDAW tiene entre su mandato emitir Recomendaciones Generales y en 2009 emitió la No.26 sobre las trabajadoras migratorias. En ella retoma los principales factores de migración de las mujeres y expone las dificultades en origen, tránsito y destino que experimentan las mujeres migrantes como los abusos sexuales, laborales y las dificultades para acceder a la justicia, y dice expresamente que: 


“Todas las trabajadoras migratorias tienen derecho a la protección de sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad personales, a no ser víctimas de la tortura ni de tratos inhumanos y degradantes, a no sufrir discriminación en razón del sexo, la raza, el origen étnico, las particularidades culturales, el origen nacional, el idioma, la religión u otra condición; el derecho a verse libres de la pobreza y disfrutar de un nivel de vida adecuado, así como el derecho a la igualdad ante la ley y al respeto de las garantías procesales”. 


Posteriormente, en 2014, el Comité CEDAW elaboró la Observación General Nro. 32 (OG CEDAW Nº32) sobre la perspectiva de género en relación al estatus de refugiada, el asilo, la nacionalidad y la apátrida de las mujeres. En particular, la OG CEDAW Nº32 refiere la aplicación de la convención CEDAW al derecho de asilo de la DUDH, el principio de no devolución y el derecho a la nacionalidad. Reconociendo que el derecho internacional de los derechos humanos, el de refugiados y la Convención están relacionados, se visibiliza el temor  


de persecución por razones basadas en el género. Al respecto, el Comité propone que la perspectiva de género (i) sea transversal en los cinco motivos que la Convención de Refugiados enumera como bases de los temores de persecución (raza, religión, nacionalidad, etc.), (ii) sea un factor para reconocer la pertenencia a un grupo social y por último, (iii) sea incorporada como una causal más en las legislaciones nacionales. Así, por ejemplo, la obligación de no devolución incluye aquellos casos donde exista una amenaza de sufrir violencia de género. 


Igualmente, la Convención sobre los derechos del niño (CDN), adoptada en 1990, es el principal instrumento internacional de protección de los derechos de la infancia. Es una de las convenciones más ratificadas del mundo, 195 países la han ratificado la CDN, pero aún falta el voto de Estados Unidos. El enfoque de la CDN es integral sobre la protección y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes y establece la cláusula del interés superior del niño. La CDN incluye la protección contra la separación familiar, el derecho a la reunificación familiar y, entre otros, el derecho al asilo. Este instrumento también tiene un órgano de aplicación el Comité de la CDN. 


Las recomendaciones hechas por el Comité de la CDN refleja también la progresiva atención que ha tenido la situación de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, particularmente en todo lo vinculado con los derechos de niños y niñas en esas circunstancias. En materia de Observaciones Generales, sin perjuicio de la inclusión de estas temáticas en párrafos específicos de varias de ellas, se destaca la Observación General No. 6 (2005), sobre el “tratamiento de niños no acompañados fuera de su país de origen”18. 



Incluye por ejemplo, un catálogo de respuestas a situaciones generales y concretas para proteger a la niñez migrante y reconoce la necesidad de respetar el principio de no devolución; el derecho a la vida, la supervivencia y al desarrollo; al pleno acceso a la educación adecuada; a la no discriminación y al interés superior del niño. 


Por otra parte, debe mencionarse que a partir de 2011 se da la aprobación del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Este mecanismo seguramente se empezará a desarrollar jurisprudencia sobre derechos de niños y niñas migrantes. Finalmente, es importante señalar que en los primeros meses de 2015, el Comité CDN aprobó la realización de una OG Conjunta con el Comité de Derecho de Trabajadores Migratorios y sus Familiares, sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración internacional. 


Otra convención que ha sido aplicada al tema de las migraciones es la Convención contra la Tortura (CAT), que tiene un comité de aplicación, el Comité del CAT. Si bien como resulta obvio este instrumento aplica para toda persona que sea víctima de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, para los y las migrantes el Comité del CAT se ha pronunciado en el marco del Mecanismo de Quejas Individuales sobre el control migratorio, los rechazos en frontera, las expulsiones, y el principio no devolución. 


18 La OB Nº 6 se puede consultar: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3886.pdf 


3.1.3 La Relatoría de Naciones Unidas sobre Migrantes 


En 1999 se creó un mandato específico para un Relator o Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los y las Migrantes, por medio de la resolución 1999/44 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este mandato ha sido renovado varias veces consecutivas por periodos de 3 años, por medio de diferentes resoluciones. La función de esta Relatoría es conocer diversos asuntos respecto a la temática migratoria, independientemente de que un Estado haya ratificado o no la CMW, y no requiere del agotamiento de recursos internos para actuar. Puede proceder sola o con otras relatorías que tengan mandatos especiales, mecanismos temáticos o relatores por países. 


Este Relator/a se encarga de cuestiones como: examinar los medios para superar los obstáculos existentes, solicitar y recibir información de todas las fuentes pertinentes, formular recomendaciones apropiadas para prevenir y remediar violaciones de los Derechos Humanos de los migrantes, promover la aplicación efectiva de las normas internacionales; todo esto teniendo en cuenta una perspectiva de género al solicitar y analizar información. También debe prestar especial atención a la aparición de cualquier forma de discriminación y violencia contra las mujeres migrantes; e informar periódicamente al Consejo, de acuerdo con su programa anual de trabajo, y a la Asamblea General a petición del Consejo de Derechos Humanos o de la Asamblea General de Naciones Unidas19 . 


El Relator o Relatora puede recibir dos tipos de comunicaciones: sobre casos concretos y sobre situaciones generales. Para conocer los casos concretos puede pedir solicitudes de información, Cartas de Denuncia20 o, por medio de una Acción o Llamado Urgente21 . Y para conocer situaciones generales podrá solicitar información a los Estados y llevar a cabo visitas a los países (denominadas misiones,) con invitación del Gobierno, a fin de examinar el estado de protección de los Derechos Humanos de los y las migrantes en ese país. Desde 1999 se habían aprobado más de un centenar de documentos (entre resoluciones, comunicaciones e informes) con respecto a los derechos de las personas migrantes aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos (CDH)22. Las principales comunicaciones han contenido temas como: la detención arbitraria de migrantes, la violencia sexual, la expulsión en masa, las 


19 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2012. 


20 Las Cartas de Denuncia son realizadas por una persona o grupo de personas e incluso por Organizaciones No Gubernamentales que sientan que sus derechos consagrados en la Carta de Naciones Unidas han sido violados. 


21 Los Llamados Urgentes son para situaciones en que está en riesgo la vida o que tienen una consecuencia irremediable. Para ello el relator actúa con mayor celeridad pidiendo protección específica al Estado. 


22 El Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental que forma parte de Naciones Unidas. Fue creado en 18 de junio de 2007 con el fin de fortalecer y promover los Derechos Humanos. Tiene la potestad de realizar un Examen Periódico Universal (EPU) –que examina a los 192 Estados miembros del Sistema Universal recibiendo denuncias individuales y realizando procedimientos especiales otorgados mediante mandatos a relatores especiales y expertos independientes. 


malas condiciones de vida de los migrantes, la venta de niños, asesinatos realizados por los funcionarios de frontera, el abuso verbal y físico por los funcionarios de migraciones, el abuso y la explotación de las empleadas domésticas, incluida la negación de sus derechos laborales básicos, la restricción de la libertad de circulación y la propaganda racista y xenófoba23 . 


Entre las temáticas de los informes elaborados por los Relatores/as especiales desde 1999 se incluyen temas como: leyes en contra de los y las migrantes, la problemática de los niños y niñas migrantes, el derecho a la salud y a una vivienda adecuada, la penalización de la migración, el tráfico ilícito de migrantes, la xenofobia, el racismo y el derecho a los DESC24 . 


Los Relatores/as especiales han realizado misiones en diferentes países y reportes especiales sobre numerosas situaciones. Las últimas resoluciones del CDH enuncian y reafirman las decisiones de otros órganos del Derecho Internacional de Derechos Humanos - sean de Naciones Unidas o de sistemas regionales- que tienen en consideración los derechos de las personas inmigrantes. 


En la sesión de 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución A/HRC/RES/18/21 reconociendo la promoción y protección de todos los Derechos Humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo de las personas migrantes. Entre otras cuestiones, las declaraciones reafirmaron la igualdad proclamada en la Declaración Universal de Derechos Humanos; recordaron las convenciones que incluyen la protección de las personas inmigrantes y las resoluciones anteriores de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre las libertades fundamentales de los inmigrantes. 


Se recordó, asimismo, la vulnerabilidad de las y los trabajadores migratorios, instando a los Estados a promover el acceso a la regularización migratoria y a los servicios de salud. Puso de relieve, además, la importancia de la cooperación internacional para proteger los derechos de las personas migrantes. Reafirma que el trabajador migratorio, una vez que establece una relación laboral, adquiere derechos que deben ser reconocidos y garantizados, independientemente de su situación legal en lo que concierne a la migración, en el Estado en el que esté empleado. 25 


Un año después, en 2012, la resolución A/HRC/RES/20/3 destacó la obligación de los Estados de proteger los Derechos Humanos de las personas migrantes sin importar su estatus migratorio, sobre todo en materia de educación y la no discriminación contra la mujer; se preocupó también por el aumento en el número de migrantes que se ponen en situación de vulnerabilidad; reafirmó que los y las migrantes tienen igualdad de derechos y garantías ante los tribunales y ante la ley, y, finalmente, exhortó a los Estados a que sus políticas migratorias sean compatibles con los tratados internacionales. 


23 A/66/264, 2011 


24 Ibídem 


25 A/HRC/RES/18/21; 2011: 4 


El informe realizado en junio de 2012, ante el Consejo de Derechos Humanos. Fue elevado por el Relator especial François Crépeau26, quien asumió el cargo en agosto de 2011 y trató de temáticas como la situación de las fronteras europeas, las situaciones de detención prolongadas en el tiempo de manera arbitraria, y la penalización de la migración irregular diferenciándola del tráfico internacional de personas, que sí constituye un delito. 27 


Asimismo, uno de los informes de 2013 trató sobre la administración de las fronteras periféricas de la Unión Europea y sus repercusiones sobre los Derechos Humanos de los migrantes (A/HRC/23/46). Y en 2014 se habló sobre la explotación laboral de migrantes donde resalta que las difíciles condiciones de inserción laboral, la cual se caracteriza por los bajos salarios, las jornadas extensas y la sobrecarga laboral. Y las situaciones como la discriminación, la ausencia, restitución o retención del salario; la confiscación de documentos, las restricciones a la seguridad social y médica y el riesgo de ser víctimas de trata y la explotación laboral son las principales violaciones de derechos humanos que evidencia el Relator en ésta oportunidad (A/HRC/26/35). 


3.1.4 La Organización Internacional del Trabajo 


En el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) existen dos convenios que específicamente se refieren a los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes, aunque ninguno de ellos ha sido ratificado por Argentina. En efecto, hacia fines de la década del ’40 fue adoptado el Convenio 97 (Convenio sobre los trabajadores migrantes, 1949), cuya finalidad inmediata consistió en brindar un marco regulatorio para los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes en situación regular. Posteriormente, y en paralelo a la creciente importancia que asumía la migración en situación irregular, la OIT adoptó el Convenio 143 (Convenio sobre los trabajadores migrantes disposiciones complementarias, 1975), que por primera vez reconoció en dicho ámbito los derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores y trabajadoras migrantes, sin importar su condición migratoria, y posteriormente enumeró un conjunto de obligaciones de los Estados con el fin de evitar las migraciones en condiciones abusivas y tendientes a formular un plan nacional de igualdad de oportunidades y trato. Ambos convenios fueron acompañados por sendas recomendaciones (86 y 151) y, como ya señalamos, constituyen el antecedente directo de la “Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares”, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1990. 


En términos generales, estas normas establecieron tres principios fundamentales:  Igualdad de trato entre trabajadores/as migrantes en situación regular y nacionales del país de destino;

 

 Aplicación de los derechos humanos a todas las personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio;  


26 Los anteriores Relatores son Jorge. A. Bustamante (México), de 2005 a 2011 y Gabriela Rodríguez Pizarro (Costa Rica) de 1999 a 2005. 


27 A/HRC/20/24, 2012. 


 Aplicación de numerosos estándares internacionales en materia de condiciones laborales – seguridad, salud, horas máximas, remuneración mínima, no discriminación, libertad de asociación, maternidad, etc.- a todos los trabajadores independientemente de su situación migratoria. 


La igualdad de trato entre trabajadores migrantes en situación regular y los trabajadores nacionales fue el principal eje que estuvo por detrás de la adopción del Convenio 97 de la OIT, cuyas disposiciones tutelan principalmente los derechos de los migrantes que se encuentran “legalmente” en el territorio del país de destino. En particular, el artículo 6 de este convenio dispone que dicha igualdad de trato alcanza a materias tales como la remuneración, los subsidios familiares, las horas de trabajo, las vacaciones pagadas, las limitaciones al trabajo a domicilio, la edad de admisión al empleo, el aprendizaje y la formación profesional, el trabajo de las mujeres y de los menores. También reconoce expresamente el derecho de los trabajadores migrantes a afiliarse a las organizaciones sindicales, al derecho a la vivienda y a la seguridad social, incluyendo aquí las disposiciones legales relativas a accidentes del trabajo, enfermedades profesionales, maternidad, enfermedad, vejez y muerte, desempleo y obligaciones familiares, así como a cualquier otro riesgo que, de acuerdo con la legislación nacional, esté comprendido en un régimen de seguridad social. 


Por su parte, el Convenio 143 fue un paso más allá y en su artículo 1º estableció que “Todo Miembro para el cual se halle en vigor el presente Convenio se compromete a respetar los derechos humanos fundamentales de todos los trabajadores migrantes”. Asimismo, este convenio estableció la obligación de los Estados de implementar una política nacional tendiente a garantizar la igualdad de oportunidades y trato entre los trabajadores migrantes en situación regular y los nacionales. 


Esta distinción también se incorporó tiempo después en el sistema de la Convención de 1990 que, como ya señalamos, contiene un conjunto de conjunto de normas y derechos aplicables a la totalidad de los trabajadores migratorios y sus familiares (parte III) y otras disposiciones que sólo alcanzan a aquellos migrantes que se encuentran en una situación regular en el país de tránsito o destino. 


En los últimos años la OIT ha vuelto a considerar a las migraciones laborales como un eje de los debates tanto referidos a las políticas públicas como de la dimensión normativa. En este sentido, cabe mencionar el Marco Multilateral No Vinculante para las migraciones laborales (elaborado en 2006), donde se incluye una completa síntesis de todos los principios y directrices aplicables con el objetivo de ayudar a los países a elaborar e implementar políticas de migración adecuadas a dichos estándares. Asimismo, en el año 2016 la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones aprobó un informe general sobre el estado de vigencia de los Convenios 97 y 143, que posteriormente fue eje de los debates durante la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de 2017. En dicho informe la propia Comisión admitió que algunas de las disposiciones de los convenios podían resultar obsoletas, y por ende inadecuadas para dar respuesta a los actuales desafíos que plantean las 26 migraciones a nivel global. Sin embargo, sostuvo que seguía siendo importante promover la ratificación de dichos convenios, situación que fue ratificada por los mandantes de la OIT al año siguiente en el marco de la CIT. 


En el ámbito de la OIT existen otros convenios que refieren directa o indirectamente a los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes. En particular, es importante destacar dos normas que recientemente han abordado esta cuestión. En primer lugar, el Convenio 181 sobre Agencias Privadas de Empleo, cuyo artículo 8 dispone que los Estados deberán “adoptar todas las medidas necesarias y convenientes (…) para que los trabajadores migrantes reclutados o colocados en su territorio por agencias de empleo privadas gocen de una protección adecuada y para impedir que sean objeto de abusos. Esas medidas comprenderán leyes o reglamentos que establezcan sanciones, incluyendo la prohibición de aquellas agencias de empleo privadas que incurran en prácticas fraudulentas o abusos”. Asimismo, también establece que “cuando se recluten trabajadores en un país para trabajar en otro, los Miembros interesados considerarán la posibilidad de concluir acuerdos laborales bilaterales para evitar abusos y prácticas fraudulentas en materia de reclutamiento, colocación y empleo”. 


Por su parte, el Convenio 189 sobre el trabajo en el sector doméstico incluye un artículo que expresamente se refiere a los y las migrantes que se desempeñan en él. En tal sentido, el artículo 8 establece que los trabajadores domésticos migrantes que son contratados en un país para prestar servicio doméstico en otro país tienen derecho a recibir por escrito una oferta de empleo o un contrato de trabajo que sea ejecutorio en el país donde los trabajadores prestarán servicio, que incluyan, entre otros, los datos de los empleadores, el lugar de prestación de tareas, la fecha de inicio del contrato y su duración, el tipo de trabajo por realizar, la remuneración, la jornada, las vacaciones, las condiciones de repatriación, cuando proceda, las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, etc. Tanto el convenio 181 como el 189 han sido ratificados por Argentina. 


Adicionalmente, cabe destacar que la totalidad de los convenios de la OIT que regulan distintos aspectos de las relaciones laborales también son aplicables a los trabajadores y trabajadoras migrantes. Por ejemplo, los derechos sindicales reconocidos en los convenios sobre libertad sindical y negociación colectiva (Convenios 87 y 98), los convenios que prohíben el trabajo forzoso u obligatorio (Convenios 29 y 105), o la prohibición de discriminación regulada en el Convenio 111 han sido utilizados como fuente normativa para resolver casos planteados ante los órganos de control de la OIT. 


En tal sentido, los distintos órganos de control de la OIT (la Comisión de Expertos, la Comisión de Normas y el Comité de Libertad Sindical) han intervenido en distintos casos y situaciones vinculados a los derechos de los trabajadores migrantes. Por ejemplo, en el caso de Venezuela la Comisión de Expertos ha cuestionado la existencia de un sistema de cuotas mínimas reservadas a trabajadores nacionales por resultar contrario a las disposiciones del Convenio 27 14328. Por su parte, el Comité de Libertad Sindical impugnó la legislación española que excluía del ejercicio de los derechos de la libertad sindical a los trabajadores migrantes en situación irregular, situación que reputó contraria al Convenio 8729. Finalmente, recientemente la Comisión de Normas ha observado la situación en Corea del Sur, manifestando su preocupación por la persistente discriminación que experimentan los trabajadores migrantes y por los obstáculos que enfrentan para cambiar de trabajo, incumpliendo de esta manera con las obligaciones emergentes del Convenio 11130 . 


3.2 Los derechos de las personas migrantes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 


Si bien dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos no existe un instrumento internacional específico para la protección de las personas migrantes, si se han realizado distintos pronunciamientos e intervenciones de la Comisión, la Corte Interamericana y Relatorías relacionadas al respecto de los derechos humanos de las personas en situación de movilidad. A continuación, se estudiarán las características que presenta el sistema de protección de los derechos de las personas migrantes en el ámbito regional. 


3.2.1 Pronunciamientos e intervención de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos de las personas migrantes 


En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH)31 de 1948 se consagra la igualdad ante la ley de todas las personas (art. II) de manera general. También allí está consagrado el derecho a una nacionalidad, ya sea la que le corresponda o, si desea cambiarla, tener otra de un país que se la otorgue (art. XIX) y el derecho de asilo (XXVII). Años después, en 1969, se firma la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la cual consagra la obligación de respetar los derechos a toda persona sin discriminación (art 1.1), así como el derecho de libre circulación y residencia, donde se establece la prohibición de expulsión sin un debido proceso, incluyendo la expulsión colectiva (art 22). Este instrumento contiene también el derecho a la nacionalidad (art 20) y a la igualdad ante la ley (art 24). 


Al respecto, corresponde agregar que la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en el art. 22, incisos 1 y 6) contiene exactamente las mismas disposiciones restrictivas. Podría afirmarse que la Corte Interamericana, en su OC-18/03, asume tácitamente esta posición, ya que en una extensa Opinión Consultiva referida a migrantes indocumentados, no sólo omite hacer mención alguna al artículo 22.6, sino que deja expresamente sentado que todo 


28 Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013). Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) - Venezuela, República Bolivariana de (Ratificación: 1983). 


29 CLS, OIT. Caso nº 2121 (España) - Informe definitivo nº 327, marzo de 2002. 


30 CIT, 103ª reunión. Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, Ginebra, 2014. 


31 Como se evidencia no existe, para 1948, un lenguaje incluyente en el Sistema Interamericano y se consagra exclusivamente como la declaración de derechos del hombre americano. 


procedimiento migratorio debe asegurar las garantías de debido proceso sin discriminación alguna. 


Posteriormente, en 1988, se crea el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales conocido como Protocolo de San Salvador‖ (PSS), en cuyo preámbulo se reconoce la existencia del ser humano libre de temor y miseria‖, por lo que los Estados deberán crear condiciones a cada persona que le permitan gozar de sus derechos‖ tanto económicos, sociales y culturales como civiles y políticos, sin que puedan menoscabarse unos a favor de otros, y siempre basados en la dignidad humana. El Protocolo reconoce la obligación de los Estados de adoptar medidas (art 1) y disposiciones del derecho interno (art 2) para hacer efectivos los derechos. Las anteriores son normativas de carácter general y no tratan específicamente el caso de las personas migrantes, pero contienen cláusulas de derecho internacional general que pueden ser perfectamente aplicables a los y las migrantes. Otras Convenciones del Sistema Interamericano, como la Convención de Belèm do Pará, reconocen derechos que protegen la igualdad y la no discriminación a todas las mujeres migrantes. 


Los organismos del Sistema Interamericano han contribuido con sus decisiones a la temática migratoria. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre migrantes ha llevado algunos casos relevantes como el caso Tibi vs Ecuador (2004)32, el Caso de las Niñas Yean y Bosico vs República Dominicana (2005)33, el caso de Vélez Loor vs Panamá (2010)34 y el de Baruch Ivcher Broinsten vs Perú (2001)35 donde los Estados son condenado por violaciones de Derechos Humanos de personas inmigrantes. 


En la mayoría de los casos, la Corte reconoce la discriminación y sostiene la cláusula de igualdad para proteger los derechos de estas personas. Pero no se pronuncia específicamente sobre el derecho que tiene como migrantes, sino que protege los derechos civiles y políticos negados a los y las demandantes. La más reciente sentencia sobre el tema fue fallada en 2013; Caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional de Bolivia, donde el Estado es declarado responsable por la violación del derecho a buscar y recibir asilo, del principio de no devolución (contenidos en el derecho de circulación y residencia) y por no dar las garantías judiciales a una familia chilena solicitante de asilo en Bolivia. En éste fallo la Corte da, por primera vez, un 


32 El caso Tibi vs Ecuador se puede consultar en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_114_esp.pdf 


33 El caso de las Niñas Yean y Bosico vs República Dominicana se puede consultar en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_130_esp.pdf 


34 En este caso en específico la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce la vulnerabilidad de las personas migrantes en cuanto al acceso a la justicia y dice: las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los migrantes quedan muchas veces en impunidad debido, inter alia, a la existencia de factores culturales que justifican estos hechos, la falta de acceso a las estructuras de poder en una sociedad determinada, y a impedimentos normativos y fácticos que tornan ilusorios un efectivo acceso a la justicia (Vélez loor vs Panamá, 2010:2). El caso Vélez loor vs Panamá http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_esp2.pdf. 


35 El caso de Baruch Ivcher Broinsten vs Perú se puede consultar en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf 


importantísimo reconocimiento a los derechos de quienes buscan refugio por razones de persecución fundada. 


El mismo Tribunal, por otra parte, ejerciendo su competencia consultiva en la Opinión Consultiva Nº18 (OC-18/03), se ha pronunciado con respecto a las obligaciones de los Estados para con las personas migrantes de la siguiente manera: ―Que la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a los Estados, independientemente de cualquier circunstancia o consideración, inclusive el estatus migratorio de las personas36 . ―Que los Estados no pueden subordinar o condicionar la observancia del principio de la igualdad ante la ley y la no discriminación a la consecución de los objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera que sean éstas, incluidas las de carácter migratorio. 37 


“Tanto los instrumentos internacionales como la jurisprudencia internacional respectiva establecen claramente que los Estados tienen la obligación general de respetar y garantizar los derechos fundamentales. Con este propósito deben adoptar medidas positivas, evitar tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental, y suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho fundamental” 38 . 


En esa oportunidad la Corte consideró que la condición de trabajador inmigrante no puede generar discriminación alguna, y lo enuncia de la siguiente manera: “Que los trabajadores, al ser titulares de los derechos laborales, deben contar con todos los medios adecuados para ejercerlos. Los trabajadores migrantes indocumentados poseen los mismos derechos laborales que corresponden a los demás trabajadores del Estado de empleo”. 


También consideró que los derechos laborales surgen necesariamente de la condición de trabajador, entendida ésta en su sentido más amplio. Toda persona que vaya a realizar, realice haya realizado una actividad remunerada, adquiere inmediatamente la condición de trabajador y, consecuentemente, los derechos inherentes a dicha condición. 39 


Tiempo después, la Corte IDH volvió a analizar los alcances de los derechos de las personas migrantes en dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En la Opinión Consultiva N° 21 (OC-21/14) desarrolló los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la migración40 . Allí, la Corte IDH expresó la necesidad de adoptar medidas especiales de protección en el caso de niños, niñas y adolescentes en temas como privación de la libertad por razones migratorias, el debido proceso, el derecho de Asilo y el principio de no devolución. El derecho a la vida familiar de los niños en el marco de expulsión de sus progenitores. La OC-21/14 también dice que cuando un Estado adopta una decisión que  


36 OC/18/03: parr.6 


37 OC/18/03: parr.172 


38 OC/18/03: parr.81 


39 OC/18/03: parr.133 


40 La OC- 21/14 fue solicitada por la República Argentina, la República Federativa de Brasil, La República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y se puede encontrar en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_esp.pdf 


involucra alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de una niña o un niño, debe tomar en cuenta su interés superior y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia. 


Otra providencia que involucra los derechos de las personas migrantes es la Opinión Consultiva Nº16 (OC-16/99) que responde acerca del derecho a la información que tienen los detenidos sobre la asistencia consular, en el marco de las garantías del debido proceso legal. Como pudo observarse en las decisiones de la Corte, si bien han incluido la protección de los derechos de las personas inmigrantes en países de la OEA, son un poco tímidas a la hora de evaluar el derecho a migrar o a la discriminación generada por el origen nacional. 


Siempre los casos se han visto permeados por violaciones de derechos civiles y políticos como la tortura, el derecho a un nombre y a una nacionalidad, a la libertad de expresión o la propiedad privada. Este Tribunal usualmente se restringe con respecto a la aplicación de los DESC; y al trazar su línea jurisprudencial en cuanto a los derechos de las personas inmigrantes hace privilegiar la soberanía estatal en decisiones como expulsión y deportación de personas. 


Estos pronunciamientos forman parte de un sendero desarrollado con particular énfasis a lo largo de la última década por parte de la CIDH y la Corte IDH por medio del cual han ido ampliando considerablemente su atención en materia de derechos de migrantes. La sistematización de estos estándares ha sido encarada recientemente por la CIDH en un informe publicado recientemente (CIDH, 2016). 


Por último, y aunque por razones de extensión no nos detendremos en este tema, es importante señalar que una abundante jurisprudencia en materia de derechos de migrantes ha sido desarrollada por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). En efecto, a lo largo de las últimas décadas, el TEDH ha dictado decenas de sentencias relativas a temas como las garantías de debido proceso, el derecho a la vida familiar, la prohibición de tratos crueles a través de medidas de expulsión o, entre otros, el derecho a la libertad de personas migrantes y la prohibición de expulsión colectivas. 


3.2.2 La Relatoría de la CIDH sobre los Derechos de las personas Migrantes 


El Sistema Interamericano ha creado un sistema de Relatorías41 sobre temas de especial atención. En 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos crea la Relatoría Interamericana sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias (RITMF), la cual funciona a pesar de no tener un instrumento internacional específico para la salvaguarda de los derechos de este sector de la población. El 30 de marzo de 2012 el mandato fue modificado con el fin de enfocarlo hacia el respeto y la garantía de los derechos de los migrantes y otros grupos como los refugiados, los apátridas, desplazados internos y víctimas de trata de personas. 


41 Mandato creado por el artículo 41 del Pacto de San José y el artículo 15 del Estatuto de la Comisión Interamericana. 


1 Para optimizar su trabajo se creó un fondo voluntario, abierto a la contribución de los Estados miembros y observadores ante la OEA, organizaciones gubernamentales e intergubernamentales, agencias de cooperación y fundaciones, entre otros42. En 2010 la Comisión evaluó el estado de las detenciones y el debido proceso de los inmigrantes en los Estados Unidos y, en el acápite donde delimita los estándares internacionales relevantes en materia de Derechos Humanos de los y las inmigrantes, coloca en un lugar destacado la libertad personal (art. 25 CADH), insistiendo en que el hecho de migrar no constituye un delito per se, y enfatizando los principios de igualdad y no discriminación. 


Al respecto dice específicamente: Los Estados están obligados a conceder los derechos humanos básicos a todas las personas dentro de su territorio independientemente de su condición legal, de acuerdo a los principios de igualdad y no discriminación43. La Comisión evalúa en este mismo examen varios temas, entre ellos el asilo, la detención arbitraria, el interés superior del niño, el debido proceso y el acceso a la justicia, la falta de acceso a la representación legal, la obligación de investigar las muertes que se produzcan en centros de detención, la obligación de proveer de cuidados médicos y salud mental en los centros de confinamiento, y la posibilidad de garantizar la unidad familiar por medio de visitas a dichos centros. 


En sus últimas recomendaciones, la CIDH insta a los Estados Unidos a priorizar los controles a los empleadores que, por medio de prácticas abusivas, contratan inmigrantes en vez de centrar los operativos en los trabajadores. También insta a dicho Estado a eliminar las cuotas de deportación. La Relatoría también se ha encargado de dar cuenta del progreso de los Estados del continente americano en cuanto a la puesta en marcha de la Convención Internacional sobre Trabajadores y Trabajadoras Migratorios y sus Familias de Naciones Unidas, en coordinación con la OIT y la OIM. 


En el marco de esta Relatoría, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en 2008 en contra de la Directiva de Retorno de la Unión Europea44, exhortando a los países de la Unión a adecuar dicha normativa a los estándares internacionales de Derechos Humanos. En esa oportunidad expresó: “De acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos los países deben respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción sin discriminación de ningún tipo”. 45  


42 Relatoría especial sobre los Derechos Humanos de los migrantes, 2012. 


43 RITMF, 2010:12 


44 La Directiva de Retorno instó a los Estados partes de la Unión Europea (UE) a legalizar a los inmigrantes o pedirles que se salir de la UE, para lo que se les da un periodo de salida mínimo de 7 días. Si no se van, tendrán que expulsarlos. El proceso de expulsión es llevado de forma administrativa y mientras es adelantado los inmigrantes irregulares deben estar retenidos en un centro de internamiento, entre 6 y 12 meses 


45 CIDH, resolución 03 de 2008. 


La Relatoría se presenta como un órgano activo, del cual se espera mayor nivel de incidencia en las decisiones de los Estados. Pero, en concordancia con el resto del Sistema es tímida en cuanto a la posibilidad de hacer exigibles los derechos para los migrantes en el continente. Visto el marco general de los Derechos Humanos de las personas migrantes en los Sistemas Universal y Regional, es pertinente abordar a continuación la ley migratoria vigente en Argentina, con el fin de evidenciar si se enmarca o no en los estándares mínimos de protección. 


4. Los derechos de las personas migrantes en el MERCOSUR 


A nivel regional se han aprobado numerosos instrumentos que reconocen los derechos de las personas migrantes. Aun sin contar con la extensión y el detalle de los tratados internacionales de derechos humanos, es necesario señalar que algunas de estas normas poseen una gran importancia en términos de garantizar la efectiva vigencia de los derechos de las personas migrantes en los países de la región. 


Como hemos señalado, la irregularidad migratoria constituye uno de los principales obstáculos para la plena garantía de los derechos de las personas migrantes. En casi todos los países, no tener la permanencia regular se traduce en la imposibilidad o en serias dificultades para el acceso a los servicios de salud, a la educación, a la seguridad social, o al ejercicio de los derechos laborales. La irregularidad migratoria también ocasiona, en la mayoría de los países, que los migrantes estén expuestos a detenciones y expulsiones, violentando el arraigo que ellos hayan desarrollado en las comunidades de acogida e incluso pasando por sobre los derechos de unificación familiar. 


En este contexto, la asunción de compromisos por parte de los Estados para facilitar la regularidad migratoria se transforma en un punto de partida fundamental para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. El primer paso regional a fin de facilitar la libre residencia al interior de los países de la región fue la celebración de dos acuerdos en el mes de diciembre de 2002. El texto de ambos instrumentos fue similar, y uno fue suscripto por los Estados Parte del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y al restante se sumaron Bolivia y Chile, que por entonces eran los únicos Estados Asociados al Mercosur. Posteriormente, presentaron su adhesión Colombia, Ecuador y Perú. Estos acuerdos entraron en vigor en el año 2009, una vez obtenidas todas las ratificaciones necesarias, sin perjuicio de que en algunos casos, como por ejemplo Argentina, hubiesen comenzado a implementarse con anterioridad46 .  


46 Para un desarrollo extenso de las normas nacionales referidas a las migraciones en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay ver Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur (2009) “Las migraciones humanas en el Mercosur. Una mirada desde los derechos humanos. Compilación normativa”, Montevideo, Uruguay. 


Como consecuencia de este acuerdo, se dispuso que los nacionales de un Estado Parte que deseen residir en el territorio de otro Estado Parte puedan obtener una residencia legal mediante la acreditación de su nacionalidad. En tal sentido, el acuerdo establece que el pedido puede realizarse tanto ante la representación consultar del Estado de origen como a través de los mecanismos de regularización existentes en el país de destino (cuando el migrante ya se encuentra radicado allí). La residencia prevista en el acuerdo es temporaria, por un plazo máximo de dos años, y a su finalización puede ser transformada en una residencia permanente (artículo 5). 


El acuerdo también enumera un conjunto de derechos para los migrantes y los integrantes de su grupo familiar (artículo 9). En tal sentido, se establece el principio de igualdad de derechos en los siguientes términos: 


“Los nacionales de las Partes y sus familias que hubieren obtenido residencia en los términos del presente Acuerdo gozarán de los mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas de los nacionales del país de recepción, en particular el derecho a trabajar; y ejercer toda actividad lícita en las condiciones que disponen las leyes; peticionar a las autoridades; entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de las Partes; asociarse con fines lícitos y profesar libremente su culto, de conformidad a las leyes que reglamenten su ejercicio”. 


La implementación generalizada de los compromisos asumidos por medios de estos acuerdos permitiría virtualmente eliminar la irregularidad migratoria dentro de las personas que se desplazan intrarregionalmente y que, cabe aclarar, constituyen la amplia mayoría de los migrantes en los países de Sudamérica. Sin embargo, los avances en términos de implementación práctica han sido más limitados. El ejemplo paradigmático es que aún no se haya reconocido la “nacionalidad” como criterio migratorio para desplazarse regularmente entre los países de la región. Por ende, aquél nacional de un Estado parte que desea migrar a otro Estado parte debe alegar en frontera un criterio migratorio falso (usualmente “turismo”) para luego, una vez en el país de destino, solicitar su radicación temporaria en los términos de los Acuerdos de Residencia Mercosur. Desde ya que este sistema genera numerosos inconvenientes en la práctica, comenzando por el hecho de que fuerza al migrante a falsear su verdadera intención, abriendo la posibilidad a un rechazo en frontera, situación que se ha incrementado notablemente en Argentina en los últimos años. 


En materia laboral, los Acuerdos de Residencia establecen que los inmigrantes deban recibir un trato no menos favorable que el que reciben los nacionales, especialmente en materia de remuneraciones, condiciones de trabajo y seguros sociales. A su vez, también se impulsa la posibilidad de suscribir acuerdos de reciprocidad en materia previsional y se garantiza el derecho a transferir remesas. 


Finalmente, los acuerdos contienen disposiciones tendientes a garantizar los derechos del núcleo familiar de los migrantes. Para ello, se reconoce el derecho de los familiares de los  migrantes que no posean la nacionalidad de uno de los Estados Parte, a acceder a una residencia de idéntica vigencia a la que posea la persona de la cual dependan. A su vez, en materia de educación se garantiza el derecho de los hijos de los migrantes a acceder a ella en condiciones de igualdad con los nacionales, incluso en los casos en los que el migrante se encuentre circunstancialmente en una condición migratoria irregular. 


Los acuerdos sobre libre residencia en el Mercosur constituyen el marco general que tiende a facilitar la libre movilidad de los trabajadores garantizando al mismo tiempo la plena vigencia de un conjunto de derechos que van más allá del plano exclusivamente laboral. En cuanto a su implementación práctica, cabe destacar los avances producidos en el marco del Subgrupo de Trabajo nº 10 en torno al “Plan para facilitar la circulación de Trabajadores en el Mercosur”, que contiene iniciativas vinculadas a las siguientes dimensiones: normativa; cooperación interinstitucional; empleo; seguridad social; trabajos temporarios; rol de los actores sociales; y difusión, sensibilización y concientización de los derechos de los trabajadores del Mercosur. 


5. Derechos de migrantes, DIDH y el tratamiento de las migraciones en Argentina: marco normativo, desafíos actuales 


Argentina es el país de América Latina con la más extensa tradición migratoria, no sólo porque desde sus orígenes como Estado-nación el país ha recibido grandes contingentes de migrantes, sino porque ha dictado normativas y construido políticas migratorias antes que muchos otros países de la región. Las leyes migratorias en el país han transitado distintos paradigmas entre la atracción de flujos de migrantes y la criminalización de los mismos. Con la Ley de Inmigración y Colonización Nº 817 de 1876 (también conocida como Ley Avellaneda) se pretendía “poblar la pampa argentina” con europeos educados o con ganas de cultivar la tierra Y años tiempo después, en 1902, la Ley 4.144 de Residencia o Ley Cané fue sancionada con la idea de criminalizar la migración expulsando migrantes. 


5.1 De la ley Videla al enfoque de DDHH 


La normativa migratoria que estuvo vigente en Argentina entre 1981 y hasta el año 2004 fue la denominada Ley General de Migraciones y de Fomento a la Inmigración N°22.439. Esta ley, promulgada bajo la dictadura del General Jorge Rafael Videla, era sumamente restrictiva, y, basándose en principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, instauró una política dirigida al control y la expulsión, viendo a las personas migrantes sólo con la intención de atender a las necesidades poblacionales de la Argentina. 


Aún en democracia, el Estado Argentino mantuvo por muchos años esta ley restrictiva en materia migratoria, y contraria al espíritu de su Constitución Nacional de 1994 y a los tratados internacionales. En diciembre de 2003 el Estado argentino reorganizó su política migratoria47 


47 Calvelo & Vega, 2007; Cerruti, 2009; Novick, 2008. 


dentro un marco de Derechos Humanos con la sanción de la ley 25.871, con la cual ―ha puesto punto final a una situación denigrante para la condición humana, como la era la anterior ley de migraciones48. La actual norma está concebida en un momento histórico para el país donde se pretende reivindicar los Derechos Humanos desde diversas ópticas, después de las dictaduras y de muchos años de impunidad49. Esta normativa se muestra como ejemplo no sólo en la región sino en el mundo, por el reconocimiento de derechos como la salud y la educación a los migrantes sin importar su condición migratoria50. Además, propone una sociedad latinoamericana integrada, que ―respeta los derechos de los extranjeros y valora su aporte cultural y social51. 


La ley 25.871 fue reglamentada en el año 2010 por el decreto 616. Fue una reglamentación esperada por 6 años para poder dar plena efectividad a la novedosa ley. La Ley consta de 126 artículos de los cuales quedaron algunos asuntos pendientes que eran susceptibles de reglamentación. Esta normativa presenta importantes avances en temas como la integración regional, la movilidad de los migrantes, la inclusión social y la no discriminación, el acceso a establecimientos educativos públicos y privados en todos los niveles. Uno de los objetivos fue crear una nueva política migratoria que promueva el enriquecimiento y el fortalecimiento del tejido cultural y social del país (art. 3 lit. C). Esta ley estuvo en plena vigencia y configuró un escenario relativamente favorable para las personas migrantes en cuanto a temas como la regularización migratoria, no detención por razones migratorias y límites concretos a los procesos de expulsión, hasta enero de 2017 cuando se realizó un cambio normativo, como veremos a continuación. 


5.2 Una reforma regresiva desde un enfoque del DIDH 


En enero de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia DNU N°70/17 modificó la tan aplaudida ley de migraciones argentina N°25.871. Esta norma amplía las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en situación irregular. Habilita la revisión de las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o su situación procesal; modifica los trámites de expulsión con carácter de inmediatez, reduce el control judicial, y acorta las posibilidades de una defensa legal y técnica adecuada. También elimina como criterios alegables ante la expulsión la unidad familiar y el arraigo como condiciones que evitan la expulsión. 


En el DNU no se incluye ningún mecanismo o regulación que dé cuenta de la protección al interés superior del niño ni de la unidad familiar. Por el contrario, el decreto considera la expulsión como regla en vez de como excepción, posibilitando la desarticulación de las familias. De manera excepcional, y como una dispensa discrecional, se establece que la 


48 Chausovsky, 2004:159 


49 Jelin, 2006 


50 Novick, 2008 


51 Ibídem 36 


autoridad migratoria puede considerar el arraigo familiar sólo en términos de dependencia económica y de convivencia familiar. En algunos casos únicamente se podrá otorgar la dispensa si los hijos son argentinos. El poder judicial no podrá intervenir en ninguna parte de este proceso. 


El DNU 70/2017 también modificó el acceso a la nacionalidad argentina y en lugar de exigir que el solicitante acredite más de dos años de residencia en el país, propone que el pedido sea evaluado por un juez federal una vez que se demuestre que esa residencia es “legal”. De esta manera reinstaura el criterio que había establecido la última dictadura cívico-militar y que fue modificado por el gobierno de Raúl Alfonsín. 


El texto es una regresión para los derechos de las personas migrantes. Donde las personas migrantes pobres estarán expuestas a mayores controles migratorios y además están expuestos a realizar trabajos precarios por miedo a ser expulsados, a hostigamiento de las fuerzas de seguridad, a menor inserción escolar y menor acceso al sistema de salud ante la constante amenaza de ser capturado por el sistema de justicia criminal. 


Por otra parte, también establece que los jueces y fiscales tendrán la obligación de notificarle a la Dirección Nacional de Migraciones de la existencia de causas penales en las que se identifique como responsable a un migrante, lo que desatará el inicio del trámite de expulsión o la revisión de las residencias ya otorgadas. Con el solo procesamiento firme por cualquier delito que prevea pena privativa de libertad podrá ser expulsado del país, con escasas posibilidades de defenderse en el trámite migratorio. 


5.3 Pronunciamientos de los órganos del DIDH en materia de derechos de las personas migrantes en Argentina 


La República Argentina ha ratificado prácticamente todos los tratados universales y regionales de derechos humanos. Mientras que algunos de ellos gozan de jerarquía constitucional, otros tienen un carácter supra-legal. Entre estos últimos se encuentra la Convención de 1990, firmada en 2004, aprobada en 2006 (ley 26.202) y ratificada el 23 de febrero de 2007. Ahora bien, cabe destacar que Argentina no ha ratificado aún los Convenios 97 y 143 sobre trabajadores migrantes. 


En cuanto a la Convención de 1990, Argentina no ha formulado aún las declaraciones previstas en los artículos 76 y 77 para reconocer la competencia del Comité y recibir denuncias de otros Estados partes y denuncias de particulares. Por este motivo, aún no se pueden tramitar ante este Comité casos individuales de violaciones de Derechos Humanos de los trabajadores migrantes y sus familias. 


Por el contrario, Argentina sí presentó su informe inicial el 4 de agosto de 2010 de conformidad con el artículo 77 de la CWM (CMW/C/ARG/CO/1., 2011). Un año después, el 37 Comité emitió sus observaciones finales con respecto a la situación de los trabajadores y trabajadoras migrantes en el país. En esta oportunidad se reconocieron los avances en materia migratoria, dando su beneplácito a la aprobación de la ley de migraciones 25.871 de 2004; al programa de regularización migratoria ―patria grande, y al Instituto Nacional contra la Xenofobia, la Discriminación y el Racismo (INADI), así como también por el hecho de por firmar convenios internacionales para prevenir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. 


El organismo instó al Estado argentino para que ratifique los Convenios de la OIT sobre trabajadores migrantes y para que incluya en los censos información detallada sobre los migrantes, sean regulares o no. Se resalta el poco conocimiento que tienen los funcionarios públicos, tanto de frontera como en el resto del país, acerca de los derechos consignados en la ley de migraciones actual, razón por la cual se alienta al Estado a capacitar a sus funcionarios en esta materia. Asimismo, se exhortó al Estado argentino a eliminar los estereotipos discriminatorios contra los y las trabajadoras migratorias, que circulan en las instituciones, los medios de comunicación y de la población en general; para lo cual se lo incita a condenar públicamente tales hechos. 


Se pronunció además, sobre los hechos del Parque Indoamericano52 donde murieron algunos migrantes; y también preocupó al Comité que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, en vez de mediar en el conflicto, haya asociado públicamente a los migrantes con delitos como el tráfico de drogas. En pocas palabras, el Comité manifestó sus preocupaciones al Estado argentino con respecto a los trabajadores y trabajadoras migratorios y se pronunció de la siguiente manera: ―”Preocupa al Comité que los trabajadores migratorios en situación irregular suelen ser sometidos a trabajos forzosos, abusos y explotación, que incluyen remuneraciones inadecuadas, horarios de trabajo excesivos y restricciones a su libertad de circulación, en particular en la industria textil, la agricultura”. 


También le preocupa que las mujeres migrantes en situación irregular que trabajan como empleadas domésticas estén particularmente expuestas a la explotación, la violencia sexual y el acoso sexual de los empleadores a causa de su dependencia económica y su limitado acceso a recursos judiciales. 53


Del mismo modo, el Comité indicó la necesidad de cambiar los requisitos excesivos de las pensiones no contributivas a las madres que requieren subsidios con siete o más hijos, al igual que para la pensión por invalidez y por vejez. También recomendó incluir a las personas migrantes en los beneficios de la Asignación Universal por Hijo, omitiendo la diferenciación de 3 años de residencia legal para obtenerla, y, aun siendo el niño argentino se hace la misma  


52 En diciembre de 2010 unas 1.500 familias (algunas de ellas conformadas por inmigrantes limítrofes) ocuparon en reclamo de viviendas dignas el predio llamado parque Indoamericano, ubicado en el barrio de Villa Soldati, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los vecinos de la zona quisieron recuperar el parque por lo que se presentaron incidentes entre ambas partes. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio desafortunadas declaraciones a la prensa con tintes xenófobos y racistas en medio de la difícil situación. 


53 CMW/C/ARG/CO/1., 2011: Párr. 21 


petición cuando los padres son inmigrantes. Se solicitó además al Estado que examine la posibilidad de dar esta asignación incluso para migrantes no regularizados y de igual forma las pensiones no contributivas. 


Por otro lado, se hizo también especial mención a la trata de personas, al bajo enjuiciamiento de quienes comercian con seres humanos y a la falta de recursos institucionales para evitar este flagelo. Para finalizar, el Comité observó con preocupación que ―casi 200.000 solicitantes no pudieron concluir el procedimiento de regularización previsto en el programa Patria Grande. A pesar de las características generosas de la norma, se evidencia que continúan existiendo trabas administrativas para la regulación migratoria, en especial para los trabajadores por cuenta propia o quienes tienen problemas para demostrar una relación laboral de dependencia. En el escenario de Naciones Unidas coexisten dos sistemas de protección para los derechos de las personas migrantes. Por un lado, el organismo Convencional descrito en este apartado y por el otro la Relatoría de Naciones Unidas sobre migrantes, la cual se describirá a continuación. 


Posteriormente, y ante el cambio en la política migratoria argentina registrado en el último año, varios organismos del sistema internacional de protección de las personas migrantes se han pronunciado. A continuación retomaremos varios de estos pronunciamientos. 


En primer lugar, recientemente el CERD examinó los informes periódicos 21° a 23° de la Argentina y en enero de 2017 aprobó recomendaciones finales sobre el país. Entre otras observaciones el CERD lamenta la falta de acceso a servicios básicos de las comunidades indígenas, afrodescendientes y migrantes, particularmente aquellos en situación irregular. Igualmente, se refiere a la falta de información estadística desglosada sobre las denuncias por discriminación racial y las correspondientes actuaciones54. Además dice: 


“El Comité toma nota de la avanzada legislación argentina en materia de migración y da la bienvenida a los programas de regularización realizados. Sin embargo, el Comité está preocupado por: a) la discriminación de los migrantes, en particular de las comunidades senegalesas y dominicanas, en particular las mujeres y las personas en situación irregular; b) el aumento de las órdenes de expulsión; c) el recorte de las políticas de regularización y los requisitos adicionales para la regularización de los migrantes provenientes de países de fuera del Mercosur; y d) por la vigencia de normas de distinción en el acceso a derechos básicos. El Comité también está preocupado por los planes de crear un centro de detención para migrantes a la espera de ser deportados, porque podría dar lugar a que la detención no sea usada como última opción. Finalmente, el Comité lamenta la falta de datos estadísticos sobre la retención de personas extranjeras y la falta de un diálogo fluido y regular con las asociaciones de migrantes (arts. 1, 2 y 5)”. 


54 El texto completo de las recomendaciones del CERD 2017 está acá: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fARG %2fCO%2f21-23&Lang=en 


Posteriormente, en marzo de 2017 se realizó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los cambios introducidos a la Ley de Migraciones argentina por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017. Allí se expuso que el DNU restringe los derechos de las personas migrantes creando límites concretos al debido proceso. Y se interpeló por parte de los miembros de la sociedad civil y de la CIDH sobre la necesidad y la urgencia del decreto. 


El DNU fue presentado como una medida de seguridad y habilita la expulsión de personas migrantes, incluso por faltas migratorias y delitos leves. En ese sentido, asocia la migración con la delincuencia sobre un diagnóstico basado en datos parciales y descontextualizados. El relator para la Argentina, Francisco Eguiguren, destacó la preocupación de la Comisión por la relación entre migración y delito y la xenofobia y la estigmatización de las personas migrantes que promueve. 


En mayo de 2017 fue el turno del Comité contra la Tortura (CAT)55 de la ONU quien consideró que el DNU deroga parte de las garantías de la legislación de 2004, al introducir “un procedimiento de expulsión de migrantes sumarísimo que reduce drásticamente los plazos para recurrir la expulsión” y dificulta el acceso a la asistencia jurídica gratuita de las personas migrantes. También señaló que el Decreto no asegura que la detención por razones migratorias sea una medida de último recurso, ya que establece la prisión preventiva de migrantes desde el inicio del procedimiento. El CAT instó al Estado a garantizar el uso excepcional de esta medida y el control judicial efectivo de las órdenes de detención. También manifestó su preocupación por los rechazos de migrantes –en algunos casos, grupos familiares– en frontera, sin las garantías del debido proceso y asistencia jurídica gratuita. 


Finalmente, pidió la derogación del DNU que modificó la Ley de Migraciones 25.871 en enero de este año. Finalmente, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la discriminación racial y la xenofobia, Mutuma Ruteere también manifestó su preocupación por la posibilidad de que el DNU aumente la criminalización y estigmatización de los migrantes. Al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra un informe sobre su visita a nuestro país, instó al gobierno nacional que “reconsidere la adopción de este Decreto que debilita los derechos de los migrantes”. El decreto asocia a las personas migrantes con el delito, viola el debido proceso y su derecho a la defensa y profundiza un escenario de criminalización. 


6. Reflexiones Finales  


55 El CAT en sus observaciones anteriores, de 2004, celebró la aprobación de la Ley de Migraciones. De cara a la evaluación de 2017, el CAT había solicitado los datos sobre detenciones y expulsiones de las personas migrantes en el país 


La migración ha pasado en los últimos años a ser un eje fundamental en la agenda de derechos humanos a nivel global. Pese a ello las consagraciones de derechos y los avances en materia migratoria siguen siendo insuficientes en contraste con las miles de vidas humanas que se pierden cada año intentando cruzar las fronteras de los Estados-nacionales. Algunos interrogantes vuelven a plantearse en términos no necesariamente compatibles con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos: ¿Es admisible restringir el ejercicio de los derechos humanos, o una reglamentación diferenciada, en virtud de la nacionalidad de la persona o de su condición migratoria? ¿Es posible realizar un tratamiento diferenciado según se trate de derechos civiles, políticos, o económicos, sociales y culturales? ¿Puede hablarse de un derecho humano a migrar? 


Como hemos desarrollado a lo largo de este trabajo, la comunidad internacional ha desarrollado numerosas herramientas normativas que tutelan los derechos de las personas migrantes. Por un lado, en los tratados internacionales de derechos humanos, cuyas disposiciones deben extenderse a todas las personas independientemente de su nacionalidad o condición migratoria. Por el otro, a partir de instrumentos específicos y del trabajo de órganos especializados, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano de derechos humanos. 


Sin embargo, estos desarrollos se enfrentan actualmente con una profundización de las políticas migratorias de contención de los flujos que no ha hecho más que agravar una crisis cuyas causas estructurales están ligadas al crecimiento de las desigualdades a nivel global y a la falta de respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, tanto en los países de destino como de tránsito y origen. 


Como se pudo apreciar, tanto en la política migratoria argentina como en las normas internacionales se experimentan dificultades a la hora de efectivizar los derechos de las personas inmigrantes. Esto es, en parte, porque no existe un consenso internacional ni una forma integral para tratar el tema de las migraciones internacionales. En otras palabras, si bien existen normas de tutela de los derechos de las personas migrantes (empezando por el conjunto de los instrumentos internacionales que reconocen derechos humanos), ellas no parecen haber sido acompañadas por un compromiso activo por parte de los Estados para promover su efectivo cumplimiento. 


La importancia de este desafío y contraste vuelve a plasmarse a la luz de la recientemente adoptada “Declaración de Nueva York” 56, por medio de la cual se impulsó la promoción de dos Pactos Mundiales: uno sobre Responsabilidad Compartida respecto a los Refugiados y otro sobre Migración Segura, Ordenada y Regular. Esta declaración, a su vez, fue el resultado del Diálogo de Alto Nivel sobre refugiados y migrantes, realizado el 19 de septiembre de 2016 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Organizado por el Presidente de la Asamblea General de la ONU. 


56 El texto completo de la Declaración de Nueva York puede ser consultado en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/71/L.1%20 


Sin embargo, a pesar de las numerosas reuniones y tratativas aún no están claras las posibilidades que en el contexto actual los Estados acepten impulsar y obligarse por medio de un nuevo instrumento internacional de protección a los derechos de las personas en situación de movilidad. Por el contrario, las masivas y persistentes violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes constituyen un desafío de magnitud considerable para el derecho internacional de los derechos humanos. En otras palabras, ponen en juego su efectividad para dar respuesta a una situación que continúa, y continuará, afectando a millones de personas a nivel global. 


 Bibliografía 


Arendt, Hannah (2006). Los orígenes del totalitarmismo. Alianza Editorial, Madrid 


Calvelo, L. y Vega, Y. (2007). Migración regional y regularización documentaria en Argentina. En IX Jornadas Argentinas de Estudios de Población Sesión Migraciones y movilidad territorial de la población. Buenos Aires. Argentina. 


Centro de Información de las Naciones Unidas (2016). http://www.cinu.mx/noticias/mundial/onu-cifra-en-244-millones-los-/ Cerrutti, M. (2009). Diagnóstico de las poblaciones de inmigrantes en Argentina. En Serie de Documentos de la Dirección Nacional de Población. Buenos Aires: Ministerio del Interior / Organización Internacional de las Migraciones. 


CEPAL/OIT (2017). La inmigración laboral en América Latina. En Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, Nro. 16, Mayo 2017 


Ceriani Cernadas, Pablo. (2016). El lenguaje como herramienta de las políticas migratorias: notas críticas sobre el concepto “migrante económico”. Revista Sur Internacional de Derechos Humanos, V. 13, No. 23, San Pablo, Julio 2016, pp. 97-112 ----- (2014). Migraciones y derechos humanos. El rol del Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de Naciones Unidas. Desafíos y oportunidades en un escenario complejo. En Revista Derechos Humanos. Año III, N° 7. Ediciones Infojus, Septiembre de 2014, disponible en: http://www.saij.gob.ar/pablo-ceriani-cernadas-migraciones-derechos-humanos- %20rol-comite-proteccion-derechos-todos-trabajadores-migratorios-susfamiliaresnaciones-unidas-desafios-oportunidades-escenario-complejo-dacf150010-2014- 09/123456789-0abc-defg0100-51fcanirtcod ----- (2009). Control migratorio europeo en territorio africano: la omisión de la extraterritorialidad de las obligaciones de derechos humanos. Revista Sur International Human Rights Journal No. 10, San Pablo, Octubre 2009. 42 


Chausovsky, G. (2004). Apuntes jurídicos sobre la nueva ley de migraciones. En Giustiniani, R. (Compilador). Migración: Un derecho humano. (pp. 159 ss.). Buenos Aires: Editorial Prometeo. 


De Lucas, Javier (2006). La ciudadanía basada en la residencia y el ejercicio de los derechos políticos de los inmigrantes. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, Nro. 13. Universidad de Valencia. 


Jaramillo Fonnegra, Verónica (2013) ¿Cuáles son los derechos humanos de las personas migrantes vigentes en Argentina? Argumentos. Revista de crítica social. No. 15. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20140625044754/argumentos15-3.pdf 


Jelin, E. (2006). Migraciones y derechos: instituciones y prácticas sociales en la construcción de la igualdad y la diferencia. En A. Grimson y E. Jelin (compiladores). Migraciones regionales hacia la Argentina. Diferencia, desigualdad y derechos. (pp. 47-68). Buenos Aires: Editorial Prometeo. 


Novick, S. (2008). Migración y políticas en Argentina: Tres leyes para un país extenso (1876- 2004). Buenos Aires: Editorial Catálogos-CLACSO. Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur (2009). Las migraciones humanas en el Mercosur. Una mirada desde los derechos humanos. Compilación normativa, Montevideo, Uruguay Organización Internacional para la Migraciones. (2012a). A propósito de la OIM, historia. [En línea]. Disponible en: http://www.iom.int/jahia/Jahia/history/lang/es. ----------, (2012b). Panorama Migratorio de América del Sur 2012. [En línea]. Disponible en:http://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/pbn/docs/Panorama_Migratorio_de_ America_del_Sur_2012.pdf. ----------, (2011a). Hechos y cifras, estimaciones globales. [En línea]. Disponible en: http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/about-migration/facts--figures-1.html. 


Sistema Universal de Derechos Humanos 


 Instrumentos - Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). - 


Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que no son Nacionales del País en que Viven (1985). - 


Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (1965). - 


Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). - 


Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966). - 


Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979). - 


Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales (2008). - 


Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1999). - 


Convenio 29 sobre el Trabajo forzoso (C-29 OIT) (1930). - 


Convenio 97 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Trabajadores Migrantes (C-97 OIT) (1939).


Convenio 111 sobre la discriminación, empleo y ocupación (C-111 OIT) (1952). - 


Convenio 105 sobre la abolición del Trabajo forzoso (C-105 OIT) (1957). - 


Convenio 143 sobre trabajadores migratorios de OIT (C-143 OIT) (1975). - 


Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (C-156 OIT) (1981). - 


Convenio 181 sobre las agencias de empleo privadas (C-181 OIT) (1997). -

 

Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores domésticos (C-189 OIT) (2011).


 Jurisprudencia y Doctrina 


A/HRC/26/35 (2014) “Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, François Crépeau, Explotación laboral de los migrante” 26º período de sesiones. Consejo de Derechos Humanos Asamblea General. Derechos humanos de los migrantes [En línea] Disponible en: http://daccess-ddsy.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/129/20/PDF/G1412920.pdf?OpenElement 


CMW/C/ARG/CO/1 (2011). “Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares para Argentina”. 12 a 23 de septiembre de 2011. 


CMW/C/GC/1 (2011). “Observación general Nº 1, sobre los trabajadores domésticos migratorios” Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 23 de febrero de 2011. 


CMW/C/GC/2 (2013) “Observación general Nº2, sobre los derechos de los trabajadores migratorios en situación irregular y de sus familiares Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. 28 de agosto de 2013. 


CRC/GC/2005/6 (2005) OBSERVACIÓN GENERAL Nº 6 Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen en: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3886.pdf Informes Anuales Del Relator (2012). [En línea]. Disponible en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=97. 


Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (2012), Naciones Unidas Documentos sobre Derechos Humanos. [En línea]. Disponible en: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?m=97. Relatoría especial sobre los Derechos Humanos de los migrantes (2012). [En línea]. Disponible en: http://www2.ohchr.org/spanish/issues/migration/rapporteur/index.htm. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (2017) Observaciones finales sobre los informes periódicos 21º a 23º combinados de la Argentina http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2F C%2FARG%2FCO%2F21-23&Lang=en 


Observaciones finales sobre el quinto y sexto informe conjunto periódico de Argentina (2017) Comité contra la Tortura. http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ARG/INT_CAT_COC_ARG_27 464_S.pdf 


Sistema Interamericano de Derechos Humanos 


 Instrumentos - 


Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948). - 


Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). - 


Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San Salvador (1988). - 


Convención Interamericana para prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Parà” (1994). 


 Jurisprudencia


Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva Nº18 “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados” y el voto razonado del juez A.A. Cançado Trindade. Septiembre 17 de 2003. 


Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Daniel Tibi vs Ecuador, sentencia de 7 de septiembre de 2004. 


Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva Nº16."El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal". Octubre 1 de 1999. 


Comisión de Interamericana de Derechos Humanos “Informe de progreso de la relatoría sobre trabajadores migratorios y miembros de sus familias en el Hemisferio. Marzo de 2000 


Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Niñas Yean y Bosico vs Republica Dominicana, sentencia de 8 de septiembre de 2005. Resolución 03/08 Derechos Humanos de los migrantes estándares internacionales y directiva europea de retorno. Junio de 2008. 


Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Vélez Loor vs Panamá, sentencia de 23 de noviembre de 2010. 


Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe sobre inmigración en estados unidos: detenciones y debido proceso” 30 diciembre 2010. 


Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría para los trabajadores migratorios y miembros de sus familias de 2012. Disponible en [En línea] http://www.cidh.org/Migrantes/Default.htm. CIDH (2016). Movilidad Humana. Estándares Interamericanos. Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos: Normas y Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Washington. 


 Normas argentinas - 


Ley de Inmigración y Colonización Nº 817 de 1876 (Ley Avellaneda) - 


Ley 4.144 de 1902 Ley de Residencia o Ley Cané -


Ley 25.871 de 2004 Ley de Migraciones. 


Decreto 616 de 2010 que reglamenta la ley de 25.871 - 


Decreto de Necesidad y Urgencia 70/17

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